Este miércoles a las 4:30 p.m., ante el Juzgado 43 de Conocimiento de Bogotá, la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez pedirá la libertad por vencimiento de términos, pues desde el pasado 15 de marzo, cuando fue cobijada con medida de aseguramiento, no ha sido acusada por la Fiscalía.
Han pasado cuatro meses desde la judicialización y se suponía que en tres meses debía ser acusada por el ente de control penal.
El juez 35 de control de garantías de Bogotá le dictó medida de aseguramiento en la cárcel El Buen Pastor de la capital, al considerar que podría obstruir la justicia de permanecer en libertad y que era un peligro para la sociedad por la gravedad de los hechos que se le endilgan.
Para el togado 'existe inferencia razonable de responsabilidad' de la exmandataria en los hechos de corrupción perpetrados en dos contratos del programa para reducir la mortalidad infantil en Albania, La Guajira, durante la vigencia de 2011.
'Los elementos materiales probatorios resultan de la mayor claridad y coherencia, más cuando el exalcalde de Albania, Yan Kéller Hernández, hiciera declaraciones concretas sobre la contratación del municipio de Albania y esas declaraciones cuentan con respaldo de otros testigos', dijo.
El togado señaló además que 'el ingreso de los dineros presuntamente ilícitos, por 6.591 millones de pesos, por supuesto que no fue registrado en la campaña de Pinto', y agregó que 'en los convenios 008 y 041 de 2011, el entonces alcalde Hernández, observa el despacho, ordenó que el municipio desembolsara la suma descrita por 18.990 millones de pesos de la totalidad de los contratos'.
Además, advirtió el operador judicial que los 10 subcontratistas de los convenios, que a su vez subcontrataron a 1.459 personas para aparentemente votar por Pinto a la Alcaldía 'informaron a la Fiscalía que el control de los convenios lo tenía la señora Oneida Pinto, así como también influía en las situaciones de subcontratación y señalaron que cuando iban al banco BBVA de La Mina lo hacían en la camioneta de Pinto y acompañadas por algunos empleados de Pinto, y que el dinero lo entregaban en bolsas de basuras para ser llevado a la casa de la señora Pinto'.
La exmandataria decidió no allanarse a los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.
El caso contra Pinto estaba a cargo del fiscal 28 Anticorrupción, Carlos Castañeda.
Es de recordar que la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía viene siendo objeto de cuestionamientos, pues su exdirector, el barranquillero Luis Gustavo Moreno, está siendo procesado desde hace un par de semanas por exigir sobornos al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, para favorecerlo en su proceso. Una de las aparentes modalidades para ello era que se llenaba de trabajo a los fiscales de la unidad para que no avanzaran en ese caso.
