Una de las muestras de por qué el Gobierno Nacional intervino desde febrero pasado los recursos del Sistema General de Participaciones, SGP, de educación, salud y agua potable de La Guajira es lo hallado por los entes de control en materia de malos usos de estos dineros.
EL HERALDO conoció precisamente un informe de la Contraloría en que se establece que aparentemente se pagó en 2015 en La Guajira, a personal docente y administrativo, 1.500 millones de pesos menos que lo que se debía pagar, debido a que, en medio de la firma de cinco contratos a operadores indígenas, se habrían modificado los perfiles del personal, amparándose en una pretendida autonomía de pueblo ancestral.
Así lo señaló el ente de control fiscal al auditar los recursos del Sistema General de Participaciones, SGP, de la Gobernación de La Guajira durante la vigencia de 2015, cuando ejercía como gobernador José María ‘Chema’ Ballesteros.
Los resultados, presentados en el informe, de 78 páginas y fechado en noviembre pasado, dan cuenta de que en ese año el departamento fue calificado por la Contraloría con un puntaje de 75,4, que corresponde a una gestión 'desfavorable'.
En total se hallaron 33 presuntos hallazgos administrativos, 14 disciplinarios y cuatro fiscales por 1.676 millones.
Cifras no cuadran
En el informe, el organismo revisor pone de presente que una vez revisados los contratos 184 (con el operador Wayuu Raraurayu), 185 (con Yanama), 186 (Ekirajia), 187 (Servir) y 245 (Yanama) de 2015, para la 'prestación del servicio educativo' entre marzo y diciembre de 2015, más concretamente de 'administración educativa y prestación de servicios', se hallaron supuestas anomalías.
Fundamentalmente, lo encontrado en estas contrataciones es que 'al revisar los salarios del personal docente y administrativo comparados con las nóminas allegadas al proceso auditor, se observan diferencias entre el componente de recurso humano de los contratos y lo efectivamente pagado'.
Por ejemplo, se observó que en el contrato 185, el de mayor cuantía, se pagaron 3.529 millones de pesos, cuando debían pagarse 4.533 millones, lo que arrojó una diferencia de 1.004 millones de pesos'.
En total, esas diferencias que nota la Contraloría, suman más de 1.500 millones de pesos.
Además, precisa el ente de control fiscal que esta situación se dio porque 'los perfiles del personal a contratar fueron variados por el contratista sin que mediara autorización por parte de la Gobernación' y, por ello, 'se presentó la no ejecución de recursos destinados al pago de personal, los cuales quedaron a favor del contratista sin que mediara justificación contractual'.
Esto, anota el reporte, afectó la calidad de los servicios educativos prestados.
Finalmente, no encontró la auditoría que hubiera soportes documentales de ajustes de los valores a pagar ni tampoco de las gestiones para el reintegro de esos dineros.
Responde Gobernación
EL HERALDO tuvo acceso a las respuestas que dio al ente de control el departamento en su momento, en cabeza del director operativo de la Secretaría de Educación de La Guajira, Albert Meza Cerchar, en un documento fechado el 27 de octubre de 2016.
La primera la fundan en el 'Decreto 2500 del 12 de julio de 2010', que señala que 'la entidad territorial deberá garantizar de manera concertada con las autoridades indígenas la atención educativa pertinente a la población indígena en el establecimiento educativo' y que la contratación debe hacerse con 'los criterios socioculturales especiales para cada pueblo indígena'
Y en varios otros apartes señalan que se habían omitido 'por error humano' la entrega de 'una de las nóminas, las liquidaciones de prestaciones sociales y los transportes de los agentes de apoyo'.
Contestan operadores
A su vez, los operadores de la Asociación Wayuu Araurayu, la Unión Temporal Ekirajia Wakuaipa y de la Organización Indígena de La Guajira Yanama, en comunicaciones adjuntas a la de la Gobernación y fechadas también el 27 de octubre de 2016, conocidas por este diario, contestaron a la Contraloría.
Rafael Iguarán, representante legal del primer operador afirma, por ejemplo, que 'las autoridades, amparadas en su autonomía, avalan el personal a contratar conforme a sus usos y costumbres'.
John Pimienta, por parte del segundo operador, dice en otro aparte 'las autoridades tradicionales, en aplicación de su autonomía, decidieron cambiar los perfiles de los docentes'.
Y Nat Nat Iguarán, representante del tercer operador, advirtió que 'no es cierto que se haya afectado la calidad de los servicios ofertados, al contrario se mejoró porque el personal que se contrató superaba en su mayoría el nivel académico de los proyectados'.
'Todo se subsanó'
El exgobernador Ballesteros le dijo a este diario que esos hallazgos 'ya fueron revisados por la administración. La Contraloría hizo una visita en 2016, y tengo entendido que la administración dio respuesta diciendo a los operadores para que entregaran dicha información a los organismos de control, subsanando estos contratos, que además tienen su interventoría'.
Agregó el exmandatario que 'esos operadores que ejercen los contratos están regidos por decretos especiales, porque son comunidades indígenas'.
Finalmente, aseguró: 'estaremos prestos ante los organismos de control ante los requerimientos, pero las cosas se hicieron en total claridad y en total legalidad'.
EL HERALDO trató de obtener la respuesta dada a la Contraloría por parte del exgobernador y de la administración departamental pero no fue posible.
Contraloría no acepta
Sin embargo, la Contraloría se mantiene en su informe de auditoría, fechado en noviembre de 2016, reiterando que con la argumentación de la autonomía indígena 'no se demostró que la inversión de recursos (…), referente al pago de recurso humano docente y administrativo se haya agotado en la ejecución contractual'.
Del mismo modo pone de presente que 'no se evidencia el reintegro de recursos a la entidad', y agregó que una vez allegados los documentos 'se siguen presentando diferencias entre lo contratado y lo pagado por el contratista'.
Y, finalmente, advierte el ente fiscalizador que a pesar de que se allegaron al proceso pagos de liquidaciones de prestaciones sociales y transportes, estos son 'rubros que no corresponden a los que fueron objeto de pronunciamiento por parte de la Contraloría'.
Ballesteros
‘Chema’ Ballesteros llegó al mandato departamental en junio de 2014 y es señalado de ser ficha del también exgobernador Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar, condenado por seis asesinatos en la península.
Ballesteros ha sido mencionado además por posibles irregularidades en el convenio de cooperación para 'aunar esfuerzos y recursos para la ejecución-investigación sobre determinantes de la carga del dengue e intervenciones para su reducción' entre la Administración Departamental y la Organización Latinoamericana para el Fomento de la Ciencia y la Tecnología, Olfis, cuyos detalles reveló este medio en su momento.
Recursos del SGP, intervenidos
Desde febrero pasado, el Gobierno Nacional, a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, intervino los cerca de 785 mil millones de pesos que La Guajira debía recibir: 513 mil para educación, 216 mil para salud y 56 mil para agua potable. Todos, provenientes precisamente del SGP.
Se justificó desde el Ejecutivo la medida en ese momento, en lo que respecta a la educación, porque 'fueron detectadas contrataciones sin el lleno de los requisitos legales e irregularidades en el reconocimiento de horas extras a maestros y se han perdido recursos de la Nación por no reporte de información'.
Al respecto, la ministra de Educación, la barranquillera Yaneth Giha, dijo entonces: 'vemos un riesgo frente a la prestación de este servicio. Hemos encontrado inconsistencias en los informes financieros y tenemos gastos administrativos por encima de lo que ha sido autorizado'.
