La Gobernación de La Guajira inició un proceso de demanda por 6.669 millones de pesos contra Olfis por los incumplimientos en el contrato del dengue que han llevado hasta la cárcel a los presuntos implicados en el rosario de irregularidades del convenio y tienen al exgobernador José María Ballesteros bajo la lupa de la justicia.
En el documento, conocido por EL HERALDO y fechado el pasado 10 de agosto, el gobernador (e) Weildler Guerra, a través de su representante, oficia a la Procuraduría Administrativa de La Guajira, primera instancia de acuerdo con el convenio, para que se inicie la conciliación extrajudicial, como lo señala la norma de las controversias contractuales.
Recuerda el mandatario que el convenio 019 de 2014 fue por 17.584 millones de pesos, de los que el Departamento ha hecho dos desembolsos: el primero por 1.746 millones y el segundo por 2.620 millones.
Pone de presente además Guerra que la Universidad Nacional ha presentado 21 informes en los que se alerta sobre los 'incumplimientos reiterados' del contratista Olfis.
Por ello, solicita que se cite a audiencia de conciliación al contratista para 'la devolución de los valores entregados' y, en caso de que dicha conciliación fracase, advierte que se verá en la necesidad de 'acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa'.
La idea de la Gobernación es que se declare el incumplimiento del contrato por parte de Olfis, que se liquide, que se condene al contratista o a su aseguradora a pagar 4.366 millones de pesos de los desembolsos, más las indemnizaciones que estipula el convenio y el lucro cesante, lo que resultaría en 6.669 millones.
El pasado 8 de agosto, el juez 27 de Conocimiento de Bogotá dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Freddy Díaz, contratista del convenio del dengue, pero dejó libres al exsecretario de Salud de La Guajira, Gonzalo Araújo y a su exasesor jurídico, Marcos Pedraza.
El juez mencionó además las supuestas solicitudes de hasta 200 millones de pesos que habrían hecho el exgobernador guajiro, José ‘Chema’ Ballesteros y su padre, el exsenador Jorge Ballesteros, en medio de la contratación del estudio del dengue en la península.
No obstante, una fuente de la Fiscalía le dijo a EL HERALDO que tras más de 10 días de leído el fallo aún no se ha expedido la orden de captura contra Díaz por parte del Juzgado 27 de Conocimiento de la capital.
