Fuentes de la Fiscalía le dijeron a EL HERALDO que el viernes pasado pusieron en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia una serie de aparentes irregularidades que se vendrían presentando en el proceso penal que se sigue contra la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, en la península.
La advertencia tiene que ver con la llamativa negación del Tribunal Superior de Riohacha, conocida por este diario, de acceder a la solicitud del ente investigador de cambiar la radicación del proceso, pues se lleva actualmente en un juzgado de Maicao, en La Guajira, a pesar de que hay varios testigos locales amenazados, del poder político que aún ostenta Pinto en la región y del problema de orden público que se origina cada vez que un dirigente guajiro es cuestionado por corrupción.
Pero una de las perlas más singulares del caso, denuncia la Fiscalía, tiene que ver con el hecho de que el juzgado de primera instancia remita al Tribunal la solicitud de cambiar el lugar del proceso el 19 de julio pasado y el recibido del Tribunal se suscriba el 24 de julio y, sin embargo, el reparto hubiera sido efectuado el 21 de julio. Es decir, de acuerdo con el ente de control penal, se hizo el reparto del magistrado del caso antes de que el oficio del juzgado llegara al Tribunal. Pero lo peor es que, además, la misiva que envía el juzgado va dirigida con nombre propio al magistrado Jaime Antonio Móvil Melo y, curiosamente, el reparto le corresponde al mismo togado.
Sacar el caso de La Guajira
El fiscal 28 Anticorrupción, Carlos Castañeda, en la audiencia de acusación ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Maicao, La Guajira, realizada el pasado 19 de julio, pidió que el proceso saliera de la península por cuatro razones de las cinco estipuladas en la ley para solicitar que un caso cambie de radicación.
El investigador señaló, por ejemplo, que podía haber afectaciones al orden público por las manifestaciones populares que se han suscitado en casos emblemáticos y recientes de políticos del departamento presos, como con los exmandatarios Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, Wílmer González y Fabio Velásquez.
Además, puso de presente el fiscal que por la influencia política de Pinto se dificultaría el proceso en la península. Así mismo, dijo que podían violarse las garantías procesales, pues ha habido varios testigos amenazados que no irían a declarar por el temor.
Y enumeró concretamente los declarantes que estarían en peligro en lo que tiene que ver con su seguridad e integridad personal: Xiomara Sánchez, vinculada al proceso y testigo; Yan Kéller Hernández, vinculado y testigo como exalcalde de Albania, La Guajira; y Hernando Pérez, testigo que se niega a declarar.
Por la anuencia del juez segundo promiscuo de Maicao, Rónald Hernando Jiménez Teherán, a sacar el proceso de Pinto de la península, se remitió el expediente el mismo 19 de julio al Tribunal Superior de Riohacha, corporación que debía tener la última palabra.
La negativa del Tribunal
El pasado 3 de agosto de 2017, el magistrado ponente Jaime Antonio Móvil Melo, decidió negar la solicitud de cambio de radicación solicitada por el fiscal 28 Anticorrupción, para sacar de Maicao el proceso de la exgobernadora y llevarlo a Bogotá.
En la providencia, el juez no da respuesta a las consideraciones de la Fiscalía frente a las razones de orden público, influencia política y garantías procesales que ameritarían que el caso cambiara de lugar de radicación, sino que se limita a rebatir el motivo quizá más grave: las amenazas a dos de los testigos, dejando por fuera además a los otros dos testigos que también dicen sentir temor por su vida.
Así las cosas, llama la atención en la decisión, por ejemplo, que el togado, para dejar el proceso en la península, argumentó que es 'obvio' que los testigos de cargo 'teman por su seguridad', como en el caso del exalcalde de Albania, quien relató cómo Pinto supuestamente se apoderó de la contratación del municipio entre 2007 y 2011, época de los hechos. Agregó el magistrado que como el exburgomaestre 'no ha recibido amenazas en contra de su vida o la de su familia', entonces 'no hay una urgencia'.
Y en cuanto a las amenazas sufridas por el antiguo investigador del caso, el fiscal 4 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, Gentil de León Mármol, advirtió el togado: 'no ha podido establecerse que los riesgos de seguridad de las partes supuestamente amenazadas derive directamente de que el conocimiento del proceso se esté adelantando en Maicao, La Guajira'.
Las perlas del reparto
Las singularidades del caso no terminan en la decisión: el pasado 21 de julio, la escribiente del Juzgado Segundo Promiscuo de Maicao, Marcela Quiroz, remite al Tribunal Superior de Riohacha la solicitud del cambio de radicación del proceso, como lo estableció la el despacho de Maicao el 19 de julio.
Pero lo que llama la atención es que el documento no va dirigido al cuerpo colegiado del Tribunal, compuesto por varios magistrados, que deben conocer los casos luego del respectivo reparto al azar, sino que la misiva va con nombre propio para el magistrado Móvil Melo.
El mismo día, el 21 de julio, aparece un acta de un supuesto reparto en el Tribunal, correspondiéndole el caso, ‘coincidencialmente’ al magistrado Móvil.
Y lo más llamativo es que el recibido de la solicitud en el Tribunal es suscrito el 24 de julio.
Es decir, según los documentos que exhibe la Fiscalía ante la Corte Suprema para sustentar que ha habido irregularidades en este caso, en el Tribunal se hizo el reparto antes de acusar recibo de la solicitud.
La otra preocupación de la Fiscalía, y quizá la más de fondo, es que la solicitud de nulidad que presentó la defensa, encabezada por Antonio Luis González -fiscal del caso Colmenares cuando llegaron los tres falsos testigos-, quedó en manos del mismo Tribunal Superior de Riohacha.
Con esta decisión, básicamente, se caería el proceso, la exgobernadora quedaría libre y habría que comenzar de cero.
El caso Oneida Pinto
Oneida Pinto Pérez tiene medida de aseguramiento en la cárcel El Buen Pastor de la capital por los hechos de corrupción perpetrados en dos contratos del programa para reducir la mortalidad infantil en Albania, La Guajira, durante la vigencia de 2011.
En los convenios 008 y 041 de 2011, se registra una presunta apropiación ilegal de 6.591 millones de pesos. Y, además, se contrataron a 10 personas que a su vez subcontrataron a 1.459 personas para aparentemente votar por Pinto en las próximas elecciones a la Alcaldía.
Los testigos, advirtió el juez de garantías, 'informaron a la Fiscalía que el control de los convenios lo tenía la señora Oneida Pinto, así como también influía en las situaciones de subcontratación y señalaron que cuando iban al banco BBVA de La Mina lo hacían en la camioneta de Pinto y acompañadas por algunos empleados de Pinto, y que el dinero lo entregaban en bolsas de basuras para ser llevado a la casa de la señora Pinto'.
La exmandataria no aceptó los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.
