Un grupo de guajiros, encabezados por los dirigentes políticos conservadores Édgar Gómez Ibarra y Jaime Casilima, oficiaron al presidente Juan Manuel Santos y a los representantes de legales de los partidos de la coalición que ganaron la Gobernación de la Guajira (conservadores y La U) con el detenido por corrupción Wílmer González, para que la escogencia del mandatario departamental se haga 'en el menor tiempo posible'.
La escogencia debería hacerla el presidente de la República entre la terna que por ahora está en curso: Tania Buitrago, Casimiro Cuello y Luis Colmenares.
Una de las misivas, fechada el pasado 2 de agosto, va dirigida a Felipe Uscátegui, representante de La U, y a Juan Carlos Wills, del Partido Conservador. En ella dicen que los guajiros están 'indignados' por lo que califican como 'el desconocimiento de la voluntad popular a través del voto universal que se manifestó para la escogencia de un programa de gobierno 'Para La Guajira un nuevo tiempo 2017-2019''.
Aseveran los dirigentes políticos que 'nueve meses después de la decisión popular, el planteamiento programático hecho por el candidato al pueblo no se está llevando a cabo, dado que en abril pasado la Asamblea decidió archivar el proyecto de ordenanza que adoptaba el programa de gobierno del candidato electo'.
En otro de los oficios, le dicen al jefe de Estado que debe 'dar cumplimiento al ordenamiento jurídico colombiano' y, 'en el menor tiempo posible', proceder a la 'designación del gobernador de La Guajira en reemplazo de Wílmer González'.
No obstante, el programa de gobierno por el que reclaman, propuesto por González, fue electo a través de presuntas practicas de corrupción, como lo evidenció el pasado 17 de febrero la Fiscalía, por la compra de votos a través de concejalas de Maicao y por omitir 2 mil millones de pesos en gastos de campaña.
El fiscal 6 delegado ante la Corte, Jaime Zethien, señaló entonces al detenido exgobernador por los delitos de fraude procesal 'al engañar al Consejo Nacional Electoral, CNE, con reporte de ingresos de gastos de campaña que no incluía los 2 mil millones de pesos que se escucha en las interceptaciones llegaron desde una persona no identificada en Barranquilla'.
Y el otro punible, el de falsedad en documento privado, también se configuró 'al presentar al CNE reportes sin registrar los 2 mil millones de pesos'.
Así mismo, se señaló a González de haber cometido el delito de corrupción a sufragante agravado, 'que se perpetró con la complicidad de otras personas', al momento de la compra de votos.
Y, finalmente, se le imputó el punible de cohecho agravado por dar u ofrecer 'por ofrecer millones de pesos a concejales de Maicao para la compra de votos'.
