Dos años después de que la Procuraduría General de la Nación advirtiera que la represa del río Ranchería, ubicada en el municipio de San Juan del Cesar, sur de La Guajira, cumplía con 'tan solo uno de los cuatro objetivos para los que se construyó', la situación hoy continúa igual.
El ente de control añadió en ese momento que si la obra cumpliera con su labor, 'el proyecto de conducción de agua abastecería a los municipios de Distracción, Fonseca, Manaure, Uribia, Maicao, Hatonuevo, Barrancas, Albania y San Juan del Cesar'.
También aseguró después de una visita que realizó a La Guajira por el intenso verano que azotaba por esa época a esta región y la escasez de agua evidente, 'llama la atención del Ministerio Público el porqué los diferentes municipios que se beneficiarían con el proyecto no han realizado sus conexiones a la presa para surtirse del preciado líquido para sus pobladores, además de la aparente falta de control por parte de Corpoguajira en la vigilancia de las concesiones de agua otorgadas', aseguró la Procuraduría en un documento.
Por este motivo la Asociación Shipia Wayuu, a través de la abogada Carolina Sáchica, interpuso una tutela en la que se solicitó que se liberara el agua del río Ranchería, cuyo caudal hídrico es el más grande de La Guajira.
'Este está totalmente seco y los habitantes de los alrededores no tienen acceso al agua y, adicionalmente, porque fue construida una represa que detiene su cauce', se argumenta en la petición en la que se tutelarán los derechos fundamentales al agua, vida, integridad personal y dignidad humana del pueblo wayuu.
Son $580.000 millones los que hacen falta para terminar la segunda fase del proyecto multipropósito de la represa del río Ranchería de La Guajira, con lo que se podrá surtir de agua los distritos de riego, abastecer de agua nueve municipios guajiros, generar energía e irrigar unas 18.000 hectáreas que se utilizarán en la siembra de hortalizas y frutas.
Las medidas
La jurista recordó que el 11 de diciembre de 2015 la Comisión en mención ordenó medidas cautelares a favor del pueblo wayuu, decisión en la que indicó que el asunto reunía los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su reglamento y, por ende, solicitó al Estado colombiano adoptar medidas inmediatas para que las comunidades beneficiarias pudiesen tener, a la mayor brevedad posible, acceso al agua potable de manera sostenible y suficiente para la subsistencia de los niños, niñas y adolescentes.
Igualmente, que los miembros de la etnia y las comunidades 'sufren los perjuicios ocasionados por la privación del agua sin justificación alguna, pues si bien se inició el proyecto de la represa con el fin de favorecer el consumo humano, hasta el momento la comunidad wayuu no tiene acceso al agua'.
Un primer fallo
El primer fallo lo profirió la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el 27 de julio de 2016, tutelando los derechos al agua potable, la vida, salud, alimentación, vivienda digna, nivel de vida adecuado, a la identidad cultural, el libre desarrollo de la personalidad, el ambiente, la dignidad humana y la igualdad de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad wayuu.
Ordenó 'que bajo la coordinación de la Presidencia de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en asocio con otros ministerios y entidades, se procediera a la adopción inmediata y de forma coordinada de las medidas adecuadas y necesarias para diseñar un plan definitivo que asegure en favor de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad wayuu, el acceso, la calidad y disponibilidad de servicio público esencial del agua potable…'.
Que sigan su caudal
Sin embargo, dijo que no podía accederse a la pretensión de la accionante, de ordenar el uso y goce de las aguas del río Ranchería, liberando 'sus aguas para que sigan su caudal natural y así la población pueda hacer uso del recurso hídrico', como quiera que no obraba el fundamento técnico a efectos de establecer si era la medida viable.
La Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo en septiembre del año pasado, conceptuó lo mismo en cuanto a la represa del río Ranchería, y agregó que Corpoguajira ya implementó las medidas correspondientes para levantar las restricciones para el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos en las cuencas del río Ranchería, mediante la Resolución No. 01549 de 25 de julio de 2016.
A pesar de esto, Sáchica y la Asociación Shipia Wayuu siguen insistiendo que se debe liberar el agua de la represa para que se pueda abastecer a la comunidad de agua potable y seguir evitando más muertes de niños por desnutrición en el Departamento, las cuales llegaron a 90 el año pasado y a 27 este año.
Más recursos
La cifra la dio el director de la Agencia de Desarrollo Rural, Carlos Eduardo Gechem, quien dijo que la segunda fase de este gran proyecto es una prioridad para el Gobierno Nacional, pero que se necesitan esos recursos para llevarla a cabo.
'En el marco de la reforma rural que se presentó al Congreso para ser aprobada vía fast track se incluye la posibilidad hacer alianzas público privadas y a eso es a lo que estamos apelando para poder continuar con el proyecto', explicó al agregar que en la actualidad hay al menos diez entes privados interesados pero hay que avanzar en la reglamentación para concretar el proceso.
La primera parte de la obra, cuyo diseño fue premio Nacional de Ingeniería en el 2006, tuvo un costo de $683 mil millones, se inauguró en el 2010 y desde entonces se ha estado esperando su terminación para que muchas comunidades en La Guajira se beneficien de ella.
Gechem aseguró que la represa ha servido para mitigar el riesgo de inundaciones, tal y como sucedió este año en mayo, cuando, las fuertes lluvias que cayeron en el sur de La Guajira y la Agencia de Desarrollo Rural aumentó la descarga de manera controlada con el fin de evitar un rebosamiento de las aguas.
El embalse llegó a un porcentaje de 98.5 y fueron en total 7 millones de metros cúbicos de agua que fueron contenidos de forma satisfactoria sin ningún percance, que se pudo evidenciar en la represa y a través de los equipos de medición, explicó el ingeniero Luis Enrique García.
