La Procuraduría informó a través de un comunicado que citó a audiencia pública al alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez, preso por presunta corrupción con el PAE de la ciudad, para que explique el próximo 14 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, en Bogotá, su actuación en estos mismos hechos alrededor del Programa de Alimentación Escolar.
También fue citada la secretaria de Educación de la capital de la península, Dilcey Acosta, igualmente privada de la libertad por este asunto.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal investiga el contrato efectuado con la Asociación Social del Caribe, Asocar, por valor de $5.713 millones, que tenía por objeto 'El apoyo al Programa de Alimentación Escolar para niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en el Simat, vigencia 2016, jornada única y establecimientos focalizados en las zonas urbana, rural e indígena del Distrito de Riohacha, La Guajira'.
De acuerdo con el Ministerio Público, al suscribir este contrato de manera directa, 'presuntamente los disciplinados participaron en actividad contractual, al parecer, vulnerando el principio de transparencia y de selección objetivo de la contratación estatal, (...) teniendo en cuenta que las obligaciones que tenía Asocar eran propias de un contrato de suministro'.
De esta manera, para el ente de control disciplinario, los funcionarios pudieron haber vulnerado el principio de responsabilidad previsto en el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 3 de la Ley 489 de 1998.
Por ello, la Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta de los investigados como gravísima a título de culpa gravísima.
El pasado 1 de febrero, el juez 81 de control de garantías de Bogotá, Freddy Guarín Urrego, dictó medida de aseguramiento en La Picota y el Buen Pastor contra el alcalde de Riohacha y su secretaria de Educación, respectivamente, por presuntas irregularidades con el contrato de alimentación de los niños escolarizados de estratos 1 y 2 de la capital de La Guajira.
A los funcionarios les fueron imputados los delitos de peculado de apropiación a favor de terceros, celebración de contrato sin los requisitos legales y falsedad en documento público, este último imputado solo a Acosta, ya que 'se presentaron cuatro actas con información falsa sobre la ejecución del contrato, suscritas por la secretaria de Educación'.
