La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó sacar de los estrados judiciales de La Guajira el proceso contra la exgobernadora de ese departamento, Oneida Pinto, por presuntas irregularidades en contratos para reducir la mortalidad infantil en el municipio de Albania, y dispuso su nueva radicación en un juzgado penal de conocimiento de Cundinamarca.
Esta decisión se da luego de que la Fiscalía 28 Anticorrupción de Bogotá denunciara supuestas anomalías en el reparto del caso en los despachos de la península, reveladas por EL HERALDO hace un par de semanas.
Este diario conoció además que en el auto suscrito por el magistrado ponente, Luis Guillermo Salazar, fechado el pasado 30 de agosto, el máximo tribunal de la justicia ordinaria compulsó copias o pidió una investigación a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que establezca si hubo irregularidades.
'Acerca delas irregularidades que anunció el fiscal en el reparto de la solicitud ante el Tribunal Superior de Riohacha, remítase copia de la solicitud de cambio de radicación así como de los oficios (...) del Tribunal Superior de Riohacha y del Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Maicao, a la Sala Jusrisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura', se lee en el documento.
El pasado 21 de agosto, este medio reveló que la Fiscalía puso en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia una serie de aparentes irregularidades que se vendrían presentando en el proceso penal que se sigue contra la exgobernadora.
La advertencia tenía que ver con la llamativa negación del Tribunal Superior de Riohacha, conocida por este diario, de acceder a la solicitud del ente investigador de cambiar la radicación del proceso, pues se lleva actualmente en un juzgado de Maicao, en La Guajira, a pesar de que hay varios testigos locales amenazados, del poder político que aún ostenta Pinto en la región y del problema de orden público que se origina cada vez que un dirigente guajiro es cuestionado por corrupción.
Pero una de las perlas más singulares del caso, denunció la Fiscalía, tiene que ver con el hecho de que el juzgado de primera instancia remitiera al Tribunal la solicitud de cambiar el lugar del proceso, fechada el 19 de julio pasado y el recibido del Tribunal se suscriba el 24 de julio y, sin embargo, el reparto hubiera sido efectuado el 21 de julio. Es decir, de acuerdo con el ente de control penal, se hizo el reparto del magistrado del caso antes de que el oficio del juzgado llegara al tribunal.
Y lo peor es que, además, la misiva que envía el juzgado iba dirigida con nombre propio al magistrado Jaime Antonio Móvil Melo y, curiosamente, el reparto le correspondió al mismo togado.
Pinto Pérez tiene medida de aseguramiento en la cárcel El Buen Pastor de la capital por los hechos de corrupción perpetrados en dos contratos del programa para reducir la mortalidad infantil en Albania, La Guajira, durante la vigencia de 2011.
En los convenios 008 y 041 de 2011, se registró una presunta apropiación ilegal de 6.591 millones de pesos. Y, además, se contrataron a 10 personas que a su vez subcontrataron a 1.459 personas para, aparentemente, votar por Pinto en las elecciones a la Alcaldía que seguían y que, de hecho, ganó la acusada.
Los testigos, advirtió el juez de garantías, 'informaron a la Fiscalía que el control de los convenios lo tenía la señora Oneida Pinto, así como también influía en las situaciones de subcontratación y señalaron que cuando iban al banco BBVA de La Mina lo hacían en la camioneta de Pinto y acompañadas por algunos empleados de Pinto, y que el dinero lo entregaban en bolsas de basuras para ser llevado a la casa de la señora Pinto'.
La exmandataria no aceptó los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.
