La audiencia pública a la que habían sido citados por la Procuraduría General de la Nación al alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez y su secretaria de Educación Dilcey Acosta, para que explicaran sus actuaciones en los presuntos hechos de corrupción por la contratación del PAE, fue aplazada y quedó prevista para el próximo 25 de septiembre.
Según el ente de control, ninguno de los dos funcionarios, se presentaron a la diligencia, pero enviaron documentos otorgando poder a los abogados, quienes solicitaron el aplazamiento para estudiar más a fondo el expediente del caso.
El despacho accedió con la advertencia que si no comparecen en la fecha indicada, el proceso se realizará con defensor de oficio.
Esto en el marco de la investigación que lleva a cabo la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal sobre el contrato efectuado con la Asociación Social del Caribe, Asocar, por valor de $5.713 millones, que tenía por objeto el apoyo al Programa de Alimentación Escolar para niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en el Simat, vigencia 2016, jornada única y establecimientos focalizados en las zonas urbana, rural e indígena del Distrito de Riohacha.
El ministerio Público afirmó que 'presuntamente los disciplinados participaron en actividad contractual, al parecer, vulnerando el principio de transparencia y de selección objetivo de la contratación estatal, (...) teniendo en cuenta que las obligaciones que tenía Asocar eran propias de un contrato de suministro'.
De esta manera, para el ente de control disciplinario, los funcionarios pudieron haber vulnerado el principio de responsabilidad previsto en el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 3 de la Ley 489 de 1998.
Por ello, la Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta de los investigados como gravísima a título de culpa gravísima.
Velásquez y Acosta se encuentran privados de su libertad, ya que el 7 de febrero pasado el juez 81 de control de garantías de la capital, Freddy Guarín Urrego, les dictó medida de aseguramiento en La Picota y el Buen Pastor por presuntas irregularidades con el contrato de alimentación de los niños escolarizados de estratos 1 y 2 de la capital de La Guajira.
Los delitos por los cuales se les investiga, son peculado por apropiación a favor de terceros, celebración de contrato sin los requisitos legales y falsedad en documento público, imputado solo a Acosta.
Ese día la defensa de los investigados pidió no avalar la solicitud de medida de aseguramiento por cuanto 'el contratista Asocar sí era idóneo para el contrato del PAE' y porque el burgomaestre 'firmó los pagos debido a que los documentos estaban en regla'.
