No solo por el polémico contrato del dengue, que lo tiene ad portas de recibir medida de aseguramiento intramural este lunes, es cuestionado el exgobernador de La Guajira, José María Ballesteros: la Contraloría, en decisión conocida por EL HERALDO, le abrió juicio de responsabilidad fiscal por la pérdida en un contrato del Programa de Alimentación Escolar, PAE, de 11.419 millones de pesos, una de las más altas cuantías en hallazgos fiscales en el programa de alimentos para niños en las escuelas.
Para poner en contexto, el ente de control fiscal estableció en 24 departamentos del país, durante las vigencias 2014 y 2015, hallazgos fiscales en el PAE por 62.481 millones de pesos, de los cuales $16.982 corresponden a hallazgos en la península. Y de estos, $11.419 millones se dieron en un solo contrato, el 194 de 2015, suscrito entre Ballesteros y la representante legal de la Fundación Kábala y del Consorcio Nutriendo Escolares de La Guajira, María Angélica Araújo Noguera.
No obstante, no es solo ese contrato el que le llama la atención a la Contraloría en la Gobernación de La Guajira, pues también abrió juicio fiscal por las anomalías por 4.920 millones de pesos, relacionadas con el contrato 503 de 2014, suscrito por Ballesteros e Ivis del Carmen Rosado Robles, representante de la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, Asoalimentarce.
Ninguno de estos dos nombres de las contratistas, ni el Araújo Noguera ni el de Rosado Robles, son nuevos para las autoridades, pues en abril de 2016, la exministra de Educación, Gina Parody, dado que esa cartera maneja el PAE, los mencionó cuando reveló tres grandes redes en la contratación de la alimentación escolar: 'la primera está conformada por Katia Elena Rosado Murillo, Ivis Rosado Robles y María Angélica Araújo, quienes por intermedio de fundaciones, consorcios, uniones temporales y entidades relacionadas con estas, han celebrado contratos de alimentación escolar desde el año 2007 por un monto aproximado de 449.613 millones de pesos'.
De hecho, el contralor general, Edgardo Maya Villazón, puso estas pesquisas en conocimiento del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, advirtiéndole que en los procesos 'predominan los nombres de las siguientes entidades sin ánimo de lucro: Asoalimentarce, representada por Rosado, tanto en el Distrito de Santa Marta como en la Gobernación del Cesar. Y Kábala, representada por Araújo Noguera, en la Gobernación de La Guajira, Gobernación del Cesar y Alcaldía de Aguachica'.
12 juicios fiscales
Aparte de los del departamento de La Guajira, la Contraloría abrió 12 juicios fiscales por el PAE en localidades La Guajira, Cesar y Magdalena. Y además del exgobernador Ballesteros, es cuestionado también el exalcalde de Santa Marta y hoy candidato presidencial, Carlos Caicedo.
El primer proceso de responsabilidad fiscal, por 647 millones de pesos, tiene como presuntos responsables al exsecretario general del Cesar, Jaime Fuentes; al exsecretario de Educación del Cesar, Jorge Araújo; a la representante de Kábala, María Angélica Araújo Noguera y a la representante de Asoalimentarce, Ivis del Carmen Rosado Robles.
Por otro contrato del PAE en el Cesar, por 106 millones, hay otro juicio contra los mismos exsecretarios y contratistas, pero incluye al supervisor del contrato, Octavio Lafont. Y un tercero, por 1.565 millones, tiene como cuestionados a los mismos exsecretarios, a la contratista Rosado y a María Pacheco Izquierdo, representante de la Corporación Corazón País.
Al exalcalde de Aguachica, Cesar, Alfredo Vega y a su exsecretario de Educación, Ramón Ramos, junto con Araújo Noguera, se les cuestiona por 16 millones de pesos. Al exalcalde de Riohacha, Rafael Ceballos; a su exsecretario de Educación, Alejandro Rutto, y a la contratista Enebis Leonor Ramírez Díaz de la Fundación Luz y Vida, les reclaman por 221 millones.
En Uribia, La Guajira, por 305 millones, se enjuicia al exalcalde Abel Giacometto, a la exsecretaria de Educación Zuleima Moscote y y a la contratista Ramírez. Y en esta misma localidad hay otro cuestionamiento a los mismos exfuncionarios pero por el contrato con Asociaciones de Autoridades Tradicionales Wayuu, por 319 millones.
En Maicao se le abre juicio al exalcalde Eurípides Pulido, al exsecretario de Educación Ólver Choles y a Jorge Emilio Gómez Álvarez, representante del Consorcio Manos Unidas por Colombia III, por un contrato de 523 millones y por otro de 231 millones. En Manaure, La Guajira, se cuestiona al exalcalde Davis Díaz, a la exsecretaria de Educación Nolia Torres y a Beatriz Aracelis Camargo Jiménez, representante de Corporación Corazón País, por un contrato de 851 millones. Y en esa misma localidad, se enjuicia a la exalcaldesa Francisca Freyle, a la exsecretaria Torres y a Gloria Esther Áñez Martínez, representante de la Asociación Creando Futuro, Asocref, por 238 millones.
Y en Santa Marta, por un contrato del PAE por 1.206 millones de pesos, se le abrió proceso de responsabilidad fiscal al exalcalde Carlos Caicedo, a la secretaria de Educación Ingris Padilla y a la contratista Rosado, de Asoalimentarce.
El caso de La Guajira
En ambos contratos suscritos por Ballesteros en La Guajira, el 194 de 2015, por valor de 37.910 millones, y el 503 de 204, por 16.470 millones, las irregularidades que advierte la Contraloría General se basan 'en que se pagó un mayor valor por ración'.
Así, raciones que costaban algo más de 900 pesos, terminaron siendo pagadas por la Gobernación de La Guajira hasta por 1.700 pesos, generando los presuntos detrimentos patrimoniales por más de 11 mil millones y más de 4 mil millones de pesos en las contrataciones.
Estas, sin embargo, no son las únicas pesquisas que contra Ballesteros tiene el ente de control, pues como reveló este diario en julio pasado, al auditarse los recursos del Sistema General de Participaciones, SGP, de la Gobernación de La Guajira durante 2015, se establecieron hallazgos fiscales por 1.676 millones de pesos en los recursos para educación.
Uno de ellos tiene que ver con que se pagó a personal docente y administrativo 1.500 millones de pesos menos que lo que se debía pagar, debido a que, en medio de la firma de cinco contratos a operadores indígenas, se habrían modificado los perfiles del personal, amparándose en una pretendida autonomía de pueblo ancestral.
Entre tanto, este lunes un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá deberá decidir frente a la solicitud de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento intramural contra el exgobernador Ballesteros por el polémico contrato del dengue en la península, suscrito por $17 mil millones de pesos.
El ente acusador le imputó al exmandatario los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros y concusión, cargos que Ballesteros no aceptó.
Este medio reveló hace un par de meses que un nuevo testigo de la Fiscalía contó la forma como el exgobernador y su padre, el exsenador Jorge Ballesteros, habrían pedido 200 millones de pesos a los gestores del proyecto a cambio de apoyarlos en el desarrollo del mismo. Así mismo, los testigos narraron cómo, en medio del convenio, se contrataron a los propios familiares de los funcionarios y de los contratistas, por millonarias sumas de dinero y sin trabajar un solo día.
Este diario, en julio de 2016 reveló también que en medio del convenio 019 de 2014, con recursos de regalías, hubo, según la interventoría de la Universidad Nacional, aparentes pagos millonarios por caja menor sin soportes, disminución del personal a contratar para obtener mayores ganancias y giros anticipados que no estaban establecidos en el contrato, entre otras anomalías.
