Fuentes de la Fiscalía reportaron a EL HERALDO que el Juzgado 2 Ambulante con Función de Control de Garantías de Valledupar impuso el miércoles medida de aseguramiento privativa de la libertad a dos personas de confianza de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, por presuntamente llevarle directamente, a su casa, más de 11 mil millones de pesos del Programa para Reducir la Mortalidad Infantil en el municipio de Albania.
Se trata de Willman Bolaños y Jean Carlos Serna Puerta, imputados por los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.
'Estas personas hacían parte de la empresa criminal de Oneida Pinto, eran de su extrema confianza, y llegaron a cobrar dentro del Programa para Reducir la Mortalidad Infantil más de $11.000 millones', puso de presente el ente acusador.
El modus operandi, describió la fiscal del caso, era el siguiente: 'les giraban cheques, se les endosaban a estos, y estos llevaban directamente los recursos públicos a la casa de Pinto'.
Ya el organismo de investigación penal, en el proceso contra la exmandataria, había expuesto que en los convenios 008 y 041 de 2011 se registró una presunta apropiación ilegal de 6.591 millones de pesos. Y, además, se contrataron a 10 personas que a su vez subcontrataron a 1.459 personas para, aparentemente, votar por Pinto en las elecciones a la Alcaldía que estaban próximas y que, de hecho, ganó.
Los testigos, advirtió el juez de garantías, 'informaron a la Fiscalía que el control de los convenios lo tenía la señora Oneida Pinto, así como también influía en las situaciones de subcontratación y señalaron que cuando iban al banco BBVA de La Mina lo hacían en la camioneta de Pinto y acompañadas por algunos empleados de Pinto, y que el dinero lo entregaban en bolsas de basuras para ser llevado a la casa de la señora Pinto'.
Este diario reveló el pasado 6 de septiembre que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó sacar de los estrados judiciales de La Guajira el proceso contra la exgobernadora de ese departamento, por las presuntas irregularidades en los contratos para reducir la mortalidad infantil en el municipio de Albania, y dispuso su nueva radicación en un juzgado penal de conocimiento de Cundinamarca.
Esta decisión se dio luego de que la Fiscalía 28 Anticorrupción de Bogotá denunciara supuestas anomalías en el reparto del caso en los despachos de la península, reveladas también por este periódico hace un par de meses.
En el auto suscrito por el magistrado ponente, Luis Guillermo Salazar, fechado el pasado 30 de agosto, el máximo tribunal de la justicia ordinaria compulsó copias o pidió una investigación a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que establezca si hubo irregularidades.
'Acerca delas irregularidades que anunció el fiscal en el reparto de la solicitud ante el Tribunal Superior de Riohacha, remítase copia de la solicitud de cambio de radicación así como de los oficios (...) del Tribunal Superior de Riohacha y del Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Maicao, a la Sala Jusrisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura', se lee en el documento.
Pinto tiene medida de aseguramiento en la cárcel El Buen Pastor de la capital por los hechos de corrupción perpetrados en la vigencia de 2011. La exgobernadora no aceptó los cargos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público y falsedad en documento
