A través de un comunicado, Antonio González, defensor de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, informó que este martes 'en el Juzgado Sexto de Control de Garantías del municipio de Soacha, Cundinamarca, se le concedió la detención domiciliaria' a la exmandataria.
'La señora juez sexta de Garantías evaluó integralmente el material probatorio presentado por la defensa técnica y consideró que se cumplían los requisitos exigidos en la ley procesal penal sobre la temática', indicó el jurista para precisar que la exgobernadora fue beneficiada con la casa por cárcel por su aparente condición de madre cabeza de hogar.
Aseguró además González que 'en la audiencia se destacó la no presencia del señor fiscal Carlos Eduardo Castañeda Crespo, fiscal 28 Anticorrupción, quien había sido citado por el centro de servicios judiciales de Soacha y por segunda vez presentó, por medio de correo electrónico, manifestación de no asistir a la audiencia'.
Según la defensa, el fiscal señaló que los jueces de Soacha no eran competentes para realizar la audiencia de sustitución de medida de aseguramiento.
Tras haber desestimado los argumentos del ente de control penal, se lee en el comunicado, la jueza 'ordenó que se llevara la audiencia sin la presencia de la Fiscalía, cumpliendo
con los precedentes judiciales emitidos por la Sala penal de la Corte Suprema de Justicia, al indicar entre otras razones que si la Fiscalía no comparece a las audiencias solicitadas por la defensa a pesar de ser notificado, no es indispensable su presencia'.
Finalmente, aseguró el abogado que la togada 'ordenó compulsar copias en contra del fiscal 28 Anticorrupción'.
Pinto permanecía recluida desde el pasado 15 de marzo en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, por presuntas irregularidades en un contrato para reducir la mortalidad infantil en el municipio de Albania.
A finales de septiembre pasado, este diario había revelado que el Juzgado 2 Ambulante con Función de Control de Garantías de Valledupar le había impuesto medida de aseguramiento privativa de la libertad a dos personas de su confianza, por presuntamente llevarle directamente, a su casa, más de 11 mil millones de pesos del Programa para Reducir la Mortalidad Infantil en el municipio de Albania.
Se trata de Willman Bolaños y Jean Carlos Serna Puerta, imputados por los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.
El ente de investigación penal había señalado que en los convenios 008 y 041 de 2011 de Albania se registró una presunta apropiación ilegal de 6.591 millones de pesos. Y, además, se contrataron a 10 personas que a su vez subcontrataron a 1.459 personas para, aparentemente, votar por Pinto en las elecciones a la Alcaldía.
Reveló igualmente este medio a principios de septiembre que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó sacar de los estrados judiciales de La Guajira el proceso contra la exgobernadora, y dispuso su nueva radicación en un juzgado penal de conocimiento de Soacha.
Esto, luego de que la Fiscalía 28 Anticorrupción de Bogotá denunciara supuestas anomalías en el reparto del caso en los despachos de la península.
Los hechos de corrupción se habrían perpetrado en la vigencia de 2011 y por ellos le imputaron a la exmandataria los cargos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.
