La Procuraduría pidió la nulidad de la audiencia en que la semana pasada una jueza de Soacha, Cundinamarca, concedió la casa por cárcel a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, por considerar que la diligencia debía desarrollarse en Bogotá y debido a que se hizo sin la Fiscalía y sin el propio Ministerio Público.
El ente de control pidió además al Consejo Seccional de la Judicatura investigar a Antonio Luis González, defensor de Pinto y quien ya era conocido por ser el fiscal a quien se le atribuye la llegada de los falsos testigos al caso Colmenares. El abogado habría omitido notificar a la Procuraduría, notificar a la togada de la existencia de una agencia especial en el proceso e informar de la respuesta del fiscal en que informaba que se encontraba en labores investigativas en La Guajira y por eso no pudo asistir a la citación.
Para el 1 de noviembre a las 11 de la mañana fue fijada la audiencia que solicitó la Procuraduría General de la Nación para que un juez de Bogotá decrete la nulidad de la diligencia realizada el pasado 10 de octubre por la jueza sexta penal municipal mixta con función de garantías de Soacha, donde le fue concedida la casa por cárcel a la exgobernadora de La Guajira por ser madre cabeza de familia.
El Ministerio Público, en su decisión, señaló que el proceso debe ser conocido por un juez de garantías de Bogotá, atendiendo la orden de la Corte Suprema de Justicia de trasladar el expediente de La Guajira, luego de que la Fiscalía denunciara posibles amenazas contra los testigos de Pinto Pérez.
Advirtió además en su solicitud el ente de control disciplinario que la audiencia del pasado martes en el juzgado de Soacha no contó con la presencia del fiscal 28 de la Unidad Anticorrupción, Luis Eduardo Castañeda Castro, quien lleva la investigación, ni con la agencia especial del Ministerio Público constituida para este proceso.
'En la audiencia del 1 de noviembre, el Ministerio Público solicitará que la exgobernadora Pinto Pérez, procesada por los presuntos delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público, y falsedad en documento privado; sea cobijada con medida de aseguramiento intramural, teniendo en cuenta que los cargos en su contra están relacionados con presuntos actos de corrupción asociados a la defraudación de recursos del Programa de Mortalidad Infantil en La Guajira, puntualmente en la firma de convenios interadministrativos con la ESE Hospital San Rafael de Albania por 18.600 millones de pesos', se lee en el comunicado emitido este lunes por el Ministerio Público.
Finalmente, la Procuraduría pidió al Consejo Seccional de la Judicatura investigar 'la posible comisión de faltas disciplinarias por parte del abogado de la exgobernadora de La Guajira, Antonio Luis González Navarro, entre ellas, que se omitiera la notificación al Ministerio Público sobre la diligencia en el juzgado de Soacha para sustituir la medida de aseguramiento, y que también omitiera informar a la jueza de garantías la existencia de una agencia especial, así como de un correo electrónico del fiscal 28 Anticorrupción, donde le advertía que desde el 10 de octubre estaría en Maicao, La Guajira, en asuntos judiciales propios de su cargo'.
