Medida de aseguramiento con detención domiciliaria, dictó el juez Primero de Control de Garantías de Riohacha contra Islaida Cecilia Mindiola Arenas, coordinadora y supervisora del Plan de Alimentación Escolar - PAE en esta ciudad, quien es investigada por presuntas irregularidades en la contratación de dicho servicio.
La Fiscalía General de la Nación le había imputado en audiencia preliminar los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
El proceso está relacionado con anomalías detectadas en el convenio N° 02 del 23 de febrero de 2016, firmado entre el alcalde de Riohacha, Fabio David Velásquez Rivadeneira, quien se encuentra detenido por el mismo caso y el representante legal de la Asociación Social del Caribe (Asocar), que tenía como objeto beneficiar a 16.630 estudiantes de las zonas rurales y de las comunidades indígenas matriculados en el año 2016, en Riohacha.
El ente acusador informó que en la investigación se determinó que Isladia Cecilia Mindiola Arenas habría adjudicado el contrato a Asocar, pese a que la propuesta fue presentada de manera extemporánea.
'De esta forma, se habrían vulnerado los principios de transparencia y selección objetiva. El Estado destinó cinco mil setecientos trece millones cuatrocientos setenta y dos mil seiscientos ochenta y siete pesos ($5.713´472.687) para la ejecución del convenio y, al parecer, hubo una apropiación irregular de mil ciento setenta y seis millones de pesos ($1.176´000.000)', informó la Fiscalía en un comunicado.
Igualmente indica que el contrato no cumplió con la totalidad de lo pactado ni en las fechas acordadas. Además, en muchos casos no se entregaron alimentos, fue detectada duplicidad de nóminas y sobrecostos en el transporte.
Por estos mismos hechos están capturados el alcalde de Riohacha, Fabio David Velásquez Rivadeneira, y la secretaria de educación, Dilvey Yensith Acosta Novely, a quienes les imputaron los delitos de peculado por apropiación, contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público. Los dos funcionarios fueron enviados a la cárcel en febrero del presente año.
