Un monitoreo y seguimiento al Programa de Alimentación Escolar PAE en La Guajira, inició la Administración Temporal de la Educación en este departamento, con el fin de garantizar que este servicio se preste de manera oportuna y con calidad.
Alba Lucía Marín Villada administradora temporal para el sector educativo en el departamento, aseguró que esto hace parte del plan de mejoramiento como estrategia de permanencia escolar para darle un cambio significativo en su ejecución.
'Queremos garantizarles a los niños beneficiados un servicio de calidad para su desarrollo y desempeño en las aulas', aseguró la funcionaria quien está al frente de este servicio, después que fuera intervenido por el gobierno nacional desde febrero del 2017.
Con el acompañamiento del ministerio de Educación, se está llegando a cada una de las instituciones educativas de los 15 municipios guajiros en los que se verifica cómo se está prestando el servicio de alimentación, los avances en temas de atención a los estudiantes y para establecer los puntos a mejorar.
Marín precisó que el PAE inició el 5 de febrero desde el primer día de clases, en el área urbana de los municipios por parte del Plan Mundial de Alimentos y en las áreas rurales a través de 33 operadores indígenas que se escogieron en concertación con las autoridades tradicionales.
Indicó además que las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía sobre el PAE en esta región, son de las vigencias anteriores a la intervención.
Efectivamente el alcalde elegido de Riohacha Fabio Velásquez Rivadeneira y su secretaria de Educación Dilcey Acosta, están siendo investigados por irregularidades en la firma del contrato del PAE en el distrito efectuado con la Asociación Social del Caribe (Asocar) por valor de $5.713 millones.
Ambos estuvieron detenidos y recobraron su libertad debido a vencimiento de términos del proceso.
Adicionalmente en un fallo de primera instancia la Procuraduría General de la Nación, destituyó e inhabilitó por 12 años Velásquez Rivadeneira porque según el ente, quebrantó el principio de transparencia y el deber de selección objetiva al suscribir el convenio del PAE.
La decisión también cobijó a la secretaria de Educación Dilcey Acosta, quien fue inhabilitada por diez años, por el mismo cargo.
