'Quiero tener agua potable fría', fue la petición de una niña wayuu de la ranchería El Paraíso, ubicada a 16 kilómetros de Riohacha, al defensor del pueblo Carlos Negret Mosquera, quien estuvo recientemente en La Guajira.
Es un deseo que tienen miles de indígenas que en su mayoría viven de manera dispersa en esta hermosa y rica tierra que poco le han dado, pero muchos les han quitado.
El funcionario presentó en Riohacha un informe sobre la crisis humanitaria en esta región, que ha provocado la muerte de 16 niños este año por desnutrición o causas asociadas a esta, según el Instituto Nacional de Salud y que también se ha llevado la vida de 244 menores entre los años 2012 y 2016, según cifras entregadas por el Dane. El año pasado las muertes fueron 37.
Son muchas las razones que se han expuesto en foros, debates, discusiones y diagnósticos por las cuales estos niños mueren de hambre: la corrupción, la sequía, la migración venezolana, la inseguridad alimentaria e incluso los usos y costumbres de la etnia wayuu, entre otras.
Sin embargo, el más determinante es la falta de agua potable en los territorios indígenas, donde se abastecen para su consumo y preparación de alimentos de jagüeyes o pozos, muchos de los cuales fueron construidos hace cerca de 60 años.
Según la Defensoría del Pueblo, el Gobierno Nacional ha llevado a cabo varios proyectos en La Guajira en el marco de la Alianza por el Agua y la Vida, pero 'los informes presentados no evidencian los avances en la cobertura del acceso al agua potable de la comunidad wayuu'.
Igualmente, indica que se desconocen cuántas personas efectivamente están accediendo a esta agua potable. 'Para la entidad esto es un abierto desconocimiento de las órdenes judiciales y la medida cautelar de la CIDH', asegura el organismo.
Se refiere a varios fallos en los que se ordena al Estado proteger y velar por los derechos del pueblo wayuu, especialmente los niños.
Uno de ellos se produjo en diciembre del 2015, por parte de la Comisión de Derechos Humanos CIDH, que otorgó medidas cautelares a favor de los niños, niñas, adolescentes de las comunidades del pueblo wayuu de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, las cuales fueron ampliadas en enero del 2017 a favor de 'las mujeres gestantes y lactantes de la comunidad indígena'.
Igualmente, el Tribunal Superior de Riohacha, a través de una acción de tutela, amparó los derechos a la vida, la integridad física, salud, seguridad social, alimentación equilibrada y acceso al agua potable de los niños, niñas menores de cinco años de la etnia wayuu.
En la audiencia llevada a cabo en Riohacha, el defensor Negret afirmó que 'a pesar del esfuerzo administrativo, técnico y financiero del Gobierno, se requieren decisiones inmediatas que permitan que el accionar de las entidades públicas y privadas garantice los derechos de toda la comunidad wayuu'.
'Las cifras son catastróficas y los resultados demuestran que aún no se logra garantizar el derecho a la vida y a la salud en condiciones plenas', enfatizó y agregó que 'con la tendencia que tenemos este año, cuando van 16 fallecimientos por esta causa, al finalizar el 2018, tendremos 64 niños muertos por desnutrición, ¿y qué vamos a hacer para que esto no ocurra?'.
