La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad por 12 años impuesta al alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez Rivadeneira, por irregularidades en la contratación del Plan de Alimentación Escolar –PAE–, que tuvo un valor superior a los $5.700 millones.
En fallo de segunda instancia se ratificó que la selección que en 2016 hizo la Alcaldía de la Asociación Social del Caribe –Asocar–, para suministrar alimentación a los estudiantes registrados en el Sistema Integrado de Matrícula, Simat, contravino el principio de transparencia previsto en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 o Ley de Contratación.
Este contrato tenía por objeto 'el apoyo al Programa de Alimentación Escolar para niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en la vigencia 2016, jornada única y establecimientos focalizados en las zonas urbana, rural e indígena del Distrito de Riohacha, La Guajira', el cual se suscribió de manera directa a través de un convenio de asociación.
Para el Ministerio Público el Convenio de Asociación No 02 de 2016 corresponde realmente a un contrato de suministros.
El fallo de primera instancia se había producido en diciembre del 2017, cuando la Procuraduría calificó provisionalmente la falta como gravísima y en la modalidad subjetiva de la conducta, la delegada de manera provisional, endilgó responsabilidad a los funcionarios, título de culpa gravísima, por desatención elemental de deberes.
Recobrado la libertad
Velásquez había recobrado su libertad por vencimiento de términos dentro de la investigación que se le sigue por presuntas irregularidades en la contratación del PAE y regresó a su cargo el pasado 4 de abril, después que el Ministerio del Interior cesara los efectos del decreto que lo suspendió y que nombró como alcalde encargado a Miguel Pugliese Chassaigne.
Velásquez fue elegido en las elecciones del 25 de octubre de 2015 como alcalde de Riohacha, para el período 2016 - 2019, pero fue detenido en enero del 2017 junto a su secretaria de Educación, Dilcey Acosta, por la investigación que lleva a cabo la Fiscalía.
Debido a este hecho, el partido Cambio Radical, que avaló su aspiración a la Alcaldía, lo expulsó en una decisión tomada por el Comité de Ética de la colectividad, que se encarga de evaluar disciplinariamente a sus integrantes.
En la misma decisión, la Procuraduría confirmó la destitución e inhabilidad por diez años impuesta a la secretaria de Educación de Riohacha para la fecha de los hechos, Dilcey Yensith Acosta Novelys.
Por otras presuntas irregularidades que habrían rodeado la ejecución de este convenio, la Sala Disciplinaria dio traslado para que se investigue a la jefe de contratación de la Alcaldía para la fecha de la firma (2016), y a los particulares que manejaron recursos públicos del PAE en Riohacha.
