La cifra de los recursos que se han invertido para suministrar agua potable a las comunidades wayúu del municipio de Uribia, en la Alta Guajira, es incalculable.
En los dos últimos años se podrían contabilizar unos $50.000 millones destinados a la construcción de pozos, reservorios, molinos y hasta proyectos de desalinización con tecnología de punta. Sin embargo, los indígenas se siguen quejando por la falta de agua, la cual no llega aún a muchas rancherías.
Estas inversiones han sido anunciadas y ejecutadas por diferentes entidades, tanto del gobierno nacional, como departamental y municipal.
El anuncio más reciente fue el del ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, quien estuvo en este municipio de la Alta Guajira para oficializar un proyecto, a través del cual se construirán 37 pozos con una inversión de $14.000 millones, en diez municipios de La Guajira y varios de ellos estarán ubicados en Uribia a través de un contrato interadministrativo entre la Agencia de Desarrollo Rural y Findeter.
La capital indígena de Colombia también ha sido incluida en los planes de Prosperidad Social en soluciones integrales en las que ha invertido cerca de $4.000 millones, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que invirtió $5.000 millones en un pozo ubicado en el corregimiento de Siapana y el ministerio de Vivienda que ha destinado unos $10.000 millones en la construcción de varios pozos. Esto en el marco de la Alianza por el Agua y la Vida que inició el gobierno nacional en el 2014 para atender la crisis humanitaria de este departamento.
También se deben incluir las inversiones que han hecho las empresas privadas como Cerrejón, la ONG Oxfam, el Servicio Geológico Colombiano y el Ejército Nacional, también en llevar soluciones de agua a varias comunidades.
Adicionalmente la administración municipal recibe anualmente $10.000 millones provenientes del Sistema General de Participaciones para el sector de Agua Potable.
Todo esto no parece ser suficiente para garantizar el suministro de agua y sobre todo potable a las comunidades y rancherías de esta población.
Así lo ratificó recientemente el defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera, en la audiencia de seguimiento a la crisis humanitaria en La Guajira que se llevó a cabo en Riohacha.
Según la Defensoría del Pueblo, el Gobierno Nacional ha llevado a cabo varios proyectos, pero 'los informes presentados no evidencian los avances en la cobertura del acceso al agua potable de la comunidad wayúu'.
Igualmente, indica que se desconocen cuántas personas efectivamente están accediendo a esta agua potable. 'Para la entidad esto es un abierto desconocimiento de las órdenes judiciales y la medida cautelar de la CIDH', asegura el organismo.
Se refiere a varios fallos en los que se ordena al Estado proteger y velar por los derechos del pueblo wayúu, especialmente los niños.
Uno de ellos se produjo en diciembre del 2015, por parte de la Comisión de Derechos Humanos CIDH, que otorgó medidas cautelares a favor de los niños, niñas, adolescentes de las comunidades del pueblo wayúu de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, las cuales fueron ampliadas en enero del 2017 a favor de 'las mujeres gestantes y lactantes de la comunidad indígena'.
Igualmente, el Tribunal Superior de Riohacha, a través de una acción de tutela, amparó los derechos a la vida, la integridad física, salud, seguridad social, alimentación equilibrada y acceso a agua potable de los niños, niñas menores de cinco años de la etnia wayúu.
