En la audiencia pública de la Procuraduría General de la Nación, con el fin de hacer seguimiento a la sentencia de la Corte Constitucional que declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira, el procurador general Fernando Carrillo Flórez, aseguró que la población wayuu lo que necesita son acciones y no más 'retórica, ni carreta'.
El jefe del ministerio público calificó como grave esta decisión de la Corte, que argumentó la vulneración masiva y generalizada de los derechos fundamentales de los niños y niñas wayuu por fallas en el funcionamiento de las entidades estatales.
'Lo que ha hecho la Corte es marcar una pauta que tiene que ser correspondida por los servidores públicos, ya que este territorio ha sido víctima, no solo por el abandono estatal, sino del saqueo y la corrupción', expresó.
Invitó a los funcionarios, para que independientemente de que se esté terminando este gobierno, hagan un último esfuerzo con el fin de responderle a esta comunidad, en los términos que ha ordenado el alto tribunal.
'Lo que nos está diciendo la Corte es que estas son órdenes, no recomendaciones ni sugerencias, por lo que hay que actuar muy rápido para evitar que se sigan violando estos derechos fundamentales', anotó el procurador.
Explicó que se tiene que cumplir con la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua, con la mejora en los programas de seguridad alimentaria y cobertura, con el aumento y mejoramiento urgente en materia de salud, el mejoramiento de la movilidad de las comunidades wayuu, garantizar la imparcialidad y transparencia en la asignación de beneficios y elección de contratistas y por último con el diálogo genuino con las legítimas autoridades indígenas.
Para lograr esto, según añadió Carrillo, la Corte estableció un cronograma en el que indica que en tres meses las entidades del orden nacional y territorial deben dar respuesta específica a la propuesta de las autoridades wayuu y la Defensoría del Pueblo. Un mes después, la Procuraduría debe pronunciarse sobre estas respuestas informándolo a la Corte y en seis meses, es decir en diciembre, las entidades territoriales y nacionales, deben hacer la construcción conjunta de indicadores, acciones y plazos para el cumplimiento de los objetivos mínimos constitucionales señalados.
Las denuncias de los líderes
José Silva Duarte, presidente del movimiento Nación Wayuu le entregó al procurador general Fernando Carrillo Flórez, una denuncia penal que interpuso contra el ICBF por la muerte de los niños wayuu por desnutrición. 'En lo que va corrido del año ya van unos 30 niños muertos, sin incluir aquellos cuyos padres entierran de manera silenciosa en las rancherías', aseguró.
La lideresa Nubia Márquez, quien fue coadyuvante en la tutela interpuesta por Elson Rafael Rodríguez en el 2016, contra distintas entidades del Estado por la muerte de 266 menores en el departamento del 2015 al 2016, debido a causas asociadas a la desnutrición y que generó el fallo de la Corte, afirmó que 'estamos aburridos que las instituciones nos pongan a firmar cuantas veces les da la gana y nunca cumplen lo que dicen'.
Mientras que María Cristina Figueroa, lideresa del resguardo de Provincial y miembro de la consejería de mujeres de la Organización Nacional Indígena ONIC, puso en conocimiento del procurador, la situación que se vive en estos territorios ubicados en el municipio de Barrancas, el cual 'está afectado por la explotación de carbón por parte de Cerrejón, la cual ocasiona daños a la salud y el medio ambiente'.
Indicó que 'hace muchos años tenemos esta lucha de resistencia, por las enfermedades que sufren los habitantes de Provincial, en la piel y respiratorias, así como la contaminación auditiva y visual, ya que lo único que nos separa de la mina, es un alambre'.
