Después de que el alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez Rivadeneiera, regresara al cargo por un fallo de tutela del Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, el caso pasó al Consejo de Estado que deberá decidir sobre la destitución e inhabilidad por doce años que le impuso la Procuraduría General de la Nación.
En la tutela, Velásquez solicitó un debido proceso e igualdad de derechos planteando la existencia de un pronunciamiento del alto tribunal en el que dejó claro que los funcionarios elegidos por el voto popular, no son del resorte de la Procuraduría.
Sin embargo, durante una visita a Riohacha, el procurador general de la nación, Fernando Carrillo Flórez, afirmó que 'la Procuraduría tiene las facultades disciplinarias intactas porque hemos actuado de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que se pueden sancionar a funcionarios, aun para el caso de elección popular, siempre y cuando se trate de hechos relacionados con la corrupción'.
El alcalde del distrito de Riohacha, Fabio Velásquez Rivadeneira, estuvo detenido durante un año y salió por vencimiento de términos, ya que es investigado por presuntas irregularidades en la contratación del Plan de Alimentación Escolar –PAE–, que tuvo un valor superior a los $5.700 millones. En abril pasado la Procuraduría General de la Nación confirmó en un fallo de segunda instancia la destitución e inhabilidad por 12 años impuesta a Velásquez Rivadeneira, indicando que la selección que en 2016 hizo la Alcaldía de la Asociación Social del Caribe –Asocar–, para suministrar alimentación a los estudiantes registrados en el Sistema Integrado de Matrícula, Simat, contravino el principio de transparencia previsto en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 o Ley de Contratación.
