La investigación abierta por la Contraloría General de la República por presuntos sobrecostos en el contrato para la 'Ejecución del Plan de Infraestructura educativa' en La Guajira, concluyó que la firma contratista, Ávila SAS y H&H Arquitectura S.A (integrantes de la Unión Temporal del Norte); no incurrió en ningún tipo de irregularidades, y ejecutó y cumplió con los términos del contrato objeto de la investigación, que incluía 43 obras encomendadas.
La decisión fue tomada por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría; la cual tuvo el aval del saliente Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón.
El proceso de responsabilidad fiscal archivado corresponde al No. PRF-2016-00038-26-01-0483, y se refería al manejo del anticipo que entregó la Gobernación de La Guajira previa la suscripción del contrato.
Fue una investigación integral
Las obras que estuvieron bajo la lupa del ente de control fiscal correspondieron a los estudios técnicos, diseños, construcción y mejoramiento de 43 instituciones educativas en el departamento de La Guajira.
Se mencionó un daño patrimonial contra el Estado del orden de los 15 mil 332 millones de pesos.
La investigación involucró a cinco exgobernadores de La Guajira, tres exsecretarios de obras de ese mismo departamento, la Compañía Previsora Seguros S.A y a la firma Ávila Ltda, hoy Ávila SAS y H&H Arquitectura S.A.
Este proceso ordinario de responsabilidad fiscal se inició con base en la denuncia presentada el 13 de septiembre del 2012 por el arquitecto Manuel Luis Ballesteros Chassaigne, pero solo fue abierta en enero del 2016.
En noviembre de ese mismo año el entonces Contralor General, Edgardo Maya Villazón, declaró el caso 'de impacto nacional', y trasladó la investigación a Bogotá a manos de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de ese organismo.
Según el denunciante 'los precios contratados en su inmensa mayoría superan considerablemente los precios oficiales del departamento de La Guajira en el año 2009'.
Fundamento del archivo del proceso
Para exonerar de la responsabilidad fiscal a la firma Ávila SAS y H&H Arquitectura S.A., la Contraloría se apoyó en el informe del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que desestimó la existencia de daño patrimonial alguno en la contratación.
La Sociedad Colombiana de Arquitectos concluyó igualmente que el contratista ejecutó, cumplió con los términos y realizó completamente las 43 obras.
Otro aspecto que coadyuvó al archivo del expediente tiene que ver con que se desestimó la existencia de daños en relación a la devolución de impuestos, tasas y contribuciones dentro del contrato.
'Se infiere que no existe daño patrimonial al Estado, pues no se observa lesión al patrimonio público representado en deterioro de los bienes o recursos públicos', dice una parte textual del documento de la Contraloría.
Los vándalos están en poder de las obras
Igualmente la Contraloría resaltó que muchas de estas obras debidamente entregadas en términos de ley, han quedado a merced del vandalismo, a la falta de mantenimiento y sostenibilidad, 'conductas que sí pueden constituir un daño al patrimonio del Estado'.
'Recibimos con beneplácito los resultados del proceso adelantado por la CGR y sus informes como evidencias absolutamente exculpatorias en el marco del proceso penal que se le sigue a mi defendida, Carmenza Ávila, representante de Ávila SAS y sus otros socios, en tanto se demostró la inexistencia del perjuicio o daño al erario público, porque no hubo sobrecostos en las obras contratadas, ni mal manejo del anticipo', dijo por su parte el abogado Donaldo Del Villar apoderado de la empresa.
