Por la omisión en el cumplimiento del deber de la protección a bienes por parte del Ejército, el Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa por el robo de 446 semovientes de dos fincas ubicadas en zona rural de San Juan del Cesar, La Guajira. La decisión fue proferida por la Sección Tercera con ponencia de la magistrada Stella Conto.
La historia del robo data del 2 de noviembre de 2002. La víctima, una reconocida ganadera de la citada región, denunció el robo de 162 vacas paridas, 54 vacas escoteras, seis toros y 62 novillos. De acuerdo con la denuncia, los cuatreros eran presuntos miembros de la guerrilla de las Farc que actuaban bajo las órdenes de alias ‘Maure’.
En la providencia se enfatiza que no se presentó 'la adopción de medidas preventivas que pudieran conjurar las amenazas sistemáticas de las que eran víctimas los ganaderos de la región, intimidaciones que fueron conocidas ampliamente por el personal militar sin que se ejecutaran acciones para contrarrestarlas'.
Cabe recordar que para la época de los hechos San Juan del Cesar atravesaba por una compleja situación de orden público toda vez que en la zona estaban presentes contrabandistas de gasolina, armas y productos. En la lucha por el control del territorio había dos actores identificados: el frente 59 de las Farc y paramilitares.
'La población civil sufrió graves deterioros en sus condiciones de seguridad, no solo representados en homicidios selectivos de los grupos poblacionales más vulnerables, sino además por el despojo de los bienes materiales de toda la comunidad, escenarios conocidos por la Fuerza Pública y las autoridades locales', precisa uno de los apartes de la sentencia.
Para la magistrada Conto si bien las acciones emprendidas por los militares en la zona no respondían de manera diligente a las constantes peticiones del gremio ganadero que elevó sus preocupaciones por el abigeato del que eran víctimas.
'Es claro – dice la magistrada – que las autoridades tenían el conocimiento suficiente de la situación y de los riesgos que ella representaba para la población civil, lo que obligaba a que dispusieran del pie de fuerza y de la logística suficiente para evitar o al menos mitigar los atentados de estas organizaciones en su contra'.
En ese orden de ideas, para el Consejo de Estado quedó confirmado que la responsabilidad de la Nación, representada por el Ministerio de Defensa, en este hecho era evidente por lo que deberá pagar a la afectada una suma cercana a los 7.812.000 pesos.
