Nadie en La Guajira conoce el paradero de Wilmer González Britto, el gobernador condenado a 10 años de prisión por delitos electorales.
Hasta la tarde de ayer, las autoridades no habían reportado operativos para capturar al mandatario y hasta el momento solo el secretario de Gobierno, Wilson Rojas Vanegas, ha sido el único que se ha referido oficialmente al tema, al asegurar que el mandatario 'está planeando su entrega.'.
En el momento que la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura inmediata, González Britto no se encontraba en su despacho ubicado en El Palacio de La Marina, sede donde funciona la gobernación.
Vecinos de su vivienda aseguran que no lo han visto en días, incluso personas que han estado a la expectativa en la casa de gobierno aseguran que ni él ni nadie de su familia ha querido entregar declaraciones a la prensa sobre el paradero del gobernante.
No es la primera vez que los entes judiciales ordenan la captura de un gobernador de este departamento. Así ocurrió con Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, cuya captura ocurrió el 13 de octubre del 2012 cuando se encontraba en su natal Barrancas. En ese momento, miembros del CTI montaron un gran operativo en medio del Festival Nacional del Carbón, que se celebraba por esos días.
Los comentarios en los alrededores de la Gobernación es por qué esta vez las autoridades no han tomado las mismas medidas para arrestar a González.
Mientras tanto, la incertidumbre aumenta a medida que los días pasan, teniendo en cuenta que el secretario de Gobierno había dicho que el gobernador iba a entregarse 'en las próximas horas'.
Acusaciones
La investigación que desencadenó la condena de González Brito tuvo lugar en La Guajira luego de que este hubiese contactado a votantes del departamento para lograr su elección en 2016, otorgando mercados y elementos de construcción.
De acuerdo con el proceso que llevó la Fiscalía, el mandatario departamental empleó una serie de maniobras que afectaron la transparencia de la jornada de elecciones atípicas adelantadas en La Guajira, luego de la salida de Oneida Pinto, por determinación del Consejo de Estado.
Por estos hechos, el mandatario departamental fue enviado a la cárcel el 17 de febrero de 2017, pero dejado en libertad condicional tras una decisión del Tribunal Superior de Bogotá, con lo cual regresó a su cargo como gobernador el 17 de septiembre de 2018.
