El pasado 19 de septiembre en el emblemático parque Almirante Padilla de Riohacha y ante unas 500 personas, entre los que estaban alcaldes, concejales, diputados, dirigentes, familiares y amigos, el gobernador de La Guajira, Wilmer González Brito, aseguró que la revocatoria de la medida de aseguramiento que tenía en su contra se debió a la confianza que le brindó el Tribunal Superior del distrito judicial de Bogotá.
También dijo que cómo el proceso continuaba, asistiría a todos los requerimientos que se le hicieran, como respuesta a esta decisión y honrar así esa confianza.
González estuvo 19 meses detenido en la capital de la república acusado por los delitos de compra de votos, fraude procesal y falsedad en documento privado, en el debate atípico que se llevó a cabo el 6 de noviembre de 2016 para reemplazar a Oneida Pinto, a quien el Consejo de Estado le anuló la elección por violar el régimen de inhabilidades.
Había sido detenido en febrero de 2017, pero regresó al cargo esperando y confiando en que la justicia se pondría de su lado, lo cual no fue así, ya que el 24 de octubre, un mes y cinco días después de aquel acto multitudinario, la Fiscalía General de la Nación informó que la Corte Suprema de Justicia había proferido sentencia condenatoria en su contra y que el 13 de noviembre se conocería el monto de la pena.
El día llegó y Wilmer González no asistió a la diligencia, a pesar de aquellas palabras que había pronunciado. En la audiencia fue hallado responsable por los delitos de cohecho, por dar u ofrecer, falsedad en documento privado y fraude procesal, así como determinador del delito de corrupción de sufragante.
La condena fue de 120 meses y 15 días de prisión, además del pago de 999,98 salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor del tesoro nacional y 138 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
En la sentencia se le negó a González la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad y la prisión domiciliaria y se libró una orden de captura para que cumpla con las sanciones impuestas.
Desde ese momento, en La Guajira no se sabe del paradero de Wilmer González, quien está siendo reemplazado en sus funciones por el secretario de Gobierno Wilson Rojas, la única persona que ha entregado declaraciones sobre el tema.
'Lo que le impide al gobernador estar en el cargo no es una orden de captura, sino sus problemas médicos, ya que presenta problemas de salud en los huesos', dijo el funcionario, aunque esas dificultades de salud vienen aquejando al mandatario guajiro hace varios años.
Rojas agregó que el mandatario espera ser notificado por parte de la justicia para presentarse ante las autoridades con el fin de cumplir la pena.
Mientras tanto en el edificio de la Gobernación hay incertidumbre, los funcionarios dicen no saber nada, aunque algunos comentan que González está hospitalizado después de haber salido en silla de ruedas días antes de que la Corte Suprema diera a conocer la condena. Esto, sin embargo, no está confirmado.
Tampoco se sabe nada de él ni de su familia, en Terrazas de Coquivacoa, el conjunto residencial ubicado en Riohacha, donde vive hace algunos años y el celular no lo contesta.
Hay quienes afirman que están haciendo todo lo posible para que le otorguen la detención domiciliaria y que también sus abogados trabajan en lo que será la apelación que presentarán.
González había querido ser gobernador
Hace siete días la Policía y la Fiscalía seccional de La Guajira afirmaron que no habían recibido notificación para hacer efectiva la orden de captura contra González, y este sábado 24 de noviembre el director del ente acusador, Juan Mauricio Berrío, dijo: 'No puedo hablar de ese tema'.
En el comando de Policía tampoco se tiene conocimiento aún de esta orden que emitió la Corte Suprema de Justicia en su contra.
Wilmer González Brito es oriundo del municipio de Uribia, en la Alta Guajira, y aunque no es wayuu durante su campaña tuvo un gran apoyo de las comunidades, ya que su esposa Laura Andrioli sí pertenece a la etnia.
Fue alcalde de esa población entre 1995 y 1997 y representante a la Cámara por el partido Liberal entre los años 2006 y 2010.
Aspiró a la Gobernación de La Guajira en las elecciones atípicas en el 2014, pero perdió contra José María Ballesteros.
Volvió a intentarlo en el 2016, saliendo electo con 99.117 votos. Se posesionó el 11 de noviembre de ese año, en un gran acto que se llevó a cabo en la Plaza Colombia de la capital indígena de Colombia, pero solo estuvo en el cargo tres meses, hasta que fue detenido en febrero de 2017.
La mala hora de La Guajira
La mala hora del departamento de La Guajira ha demorado mucho tiempo, sumiéndola en una enorme inestabilidad administrativa, que se ha evidenciado en la grave crisis en la que está hace varios años.
Casi ningún mandatario que ha estado al frente de la Administración se ha salvado de algún lío jurídico.
Hernando Deluque, que gobernó este departamento del 2001 al 2003, está condenado a nueve años, por ser penalmente responsable de las conductas punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Goza de libertad condicional, mientras que José Luis González, elegido para gobernar entre los años de 2004 al 2008, se encuentra en libertad condicional tras ser condenado a 10 años por los delitos de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación.
En libertad por vencimiento de términos está el exgobernador Jorge Pérez Bernier, quien gobernó entre 2008 y 2012 y está acusado de sobrecostos en la construcción o mejoramiento de 42 estructuras físicas para las instituciones educativas de la mayor parte de los municipios de la península, por un valor superior a los 149 mil millones de pesos.
Sobre Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, elegido en el 2012, pesan dos condenas de 55 y 40 años de prisión por concierto para delinquir y homicidio agravado.
También está detenido José María Ballesteros, elegido en el 2014, acusado por la Fiscalía de peculado por apropiación y contratación sin cumplimiento de requisitos legales. Oneida Pinto, cuya elección fue anulada y es investigada por hechos de corrupción en dos contratos del programa para reducir la mortalidad infantil en el municipio de Albania, se encuentra en libertad por vencimiento de términos.
