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El Juez Penal Municipal con funciones de control de garantías ambulantes Bacrim, dictó medida de aseguramiento contra José Luis Anaya Martínez y Jurgen Eugenio Deluque Frontado, quienes son dos de los más buscados en La Guajira, según un cartel dado a conocer por la Policía.

Ellos deberán responder por los delitos de hurto agravado y concierto para delinquir, ya que según la Fiscalía presuntamente pertenecen a una banda delincuencial dedicada al fleteo en el distrito de Riohacha.

Anaya fue cobijado con detención domiciliaria y Deluque deberá ir a la cárcel, según la decisión dada a conocer por el juez.

En las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, la Fiscalía presentó todo el material probatorio consistente en videos, audios y llamadas, en los que se escucha supuestamente a los acusados planear los asaltos.

En la audiencia el ente acusador aseguró que Anaya Martínez tenía el rol de ‘marcador’, es decir que 'era el encargado de entrar a las entidades bancarias e identificar a la persona que retiraba una gruesa suma de dinero, este tomaba las características físicas de la víctima y las informaba a los otros miembros de la banda criminal'.

También afirmó que Deluque Frontado era el 'encargado posteriormente de intimidar a las víctimas con un arma de fuego y despojarlas del dinero que estas llevaran en ese momento'. Se conoció también que ya ocho integrantes de esta banda se encuentran en poder de las autoridades.

Las órdenes de captura de estas dos personas fueron emitidas el 24 de octubre de este año, debido a investigaciones realizadas por la Sijin, en la que interceptaron varias líneas telefónicas y se obtuvieron videos de diferentes cámaras de seguridad.

El fiscal además reveló que la investigación arrancó el mes de enero de 2018, cuando una fuente no formal aseguró que había una banda dedicada a cometer los fleteos en Riohacha.

El fiscal además aseguró que estos sujetos serían los presuntos culpables de un fleteo realizado el pasado 17 de mayo a una persona que había retirado la suma de dos millones 500 mil pesos de una entidad bancaria en el centro de la ciudad y que luego fue interceptada por delincuentes a la altura de la calle 10.

De encontrase culpables por el delito de hurto calificado agravado un juez podría condenarlos a una pena que va entre los 12 a 28 años de prisión, mientras que por el delito de concierto para delinquir podrían pagar entre 48 y 108 meses de cárcel.