Según el defensor del pueblo Carlos Negret, quien visitó La Guajira durante tres días, hay muchas soluciones para el suministro de agua potable que se han implementado en este departamento que no están funcionando.
Así lo expresó luego de participar en el IV Encuentro de la Red de Corregidores de esta región, donde conoció algunas de las problemáticas que aquejan a la comunidad.
'Quiero que los corregidores sean veedores de lo que encontré en las visitas a las comunidades. Me voy preocupado porque encontré supuestas soluciones para el suministro de agua que no funcionan', afirmó el defensor.
Indicó que propondrá una reunión con el gobierno nacional y entregará los resultados de esta visita para que se mejoren las condiciones de agua potable. 'Tenemos que trabajar con los ministerios de Agricultura, de Vivienda y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, entidades que hicieron los pozos y los molinos para que todos funcionen', explicó.
Dijo que igualmente se hace seguimiento a la alerta temprana dada a conocer en mayo de 2018, por los posibles riesgos a los que están expuestos los pueblos indígenas y las comunidades ubicadas en el Distrito Turístico de Santa Marta y los municipios de Ciénaga (Magdalena) y Dibulla (La Guajira) debido a la presencia de grupos armados en estas zonas.
Según la información dada a conocer por el organismo, el grupo que representa la mayor amenaza para la población civil es el denominado 'Los Pachencas', conformado, según la Defensoría, por reductos de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia que actuaban en la región bajo las órdenes de Hernán Giraldo Serna (Clan Giraldo u Oficina Caribe).
El documento hace énfasis en la situación que enfrentan las comunidades indígenas Kogui, Malayo, Arhuaco y Kankuamos que se asientan en la zona montañosa de la Sierra Nevada de Santa Marta.
'Estamos en terreno conversando con la comunidad, hablando con los liderazgos comunales para conocer qué están viviendo en sus veredas y en las comunidades', anotó el defensor del pueblo, quien también escuchó a la comunidad de Wimpeshi, en Uribia, La Guajira, donde le contaron sobre sus necesidades en esa zona limítrofe con Venezuela.
Igualmente hizo seguimiento a la aplicación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del pueblo wayuu y lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017.
