La forma de hacer justicia en la etnia wayuu que habita en el departamento de La Guajira está basada en un sistema de compensación y en códigos orales, cuyo principal protagonista es el palabrero o pütchipü, quien es un experto en la solución de conflictos entre familias o entre clanes.
Cuando se presenta un problema o conflicto, las partes buscan a un palabrero, quien interviene, examina la situación y comunica a cada una de ellas las intenciones que tiene de que haya una salida pacífica.
Los wayuu dicen que el pütchipü lleva la palabra, la cual puede ser aceptada o no. Si la respuesta es positiva, se establece un diálogo, que no tiene tiempo de duración, pueden ser días, incluso meses, de acuerdo con la gravedad de la falta.
Este Sistema Normativo Wayuu fue declarado en el 2009 como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional por parte del Ministerio de Cultura y un año después como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.
En la Resolución 2733 de Mincultura, a través de la cual hace esa declaratoria, se define el palabrero, como 'el pensador de lo pacífico, el que lleva consigo la palabra pacificadora. Se caracteriza por ser un especialista en la solución de conflictos y disputas en todo el orden social. Su capacidad para persuadir la pone al servicio de toda la comunidad, con el único propósito de evitar violentas acciones guerreras entre clanes'.
Enumera entre sus virtudes personales un repertorio de palabras que conllevan, en primera instancia, al diálogo y al entendimiento, así como al arreglo y al pago de compensaciones, restableciendo la armonía social a través de la conciliación y la reconciliación. En otras intervenciones, promueve la paz, la convivencia, el progreso y los lazos que fortalecen la hermandad. El palabrero tradicional cultiva en sus virtudes personales hábitos que corrigen actitudes mediante consejos y prácticas de comportamientos éticos y morales, con los cuales ha promovido históricamente la armonía social del individuo en la sociedad wayuu.
En el sistema de compensaciones lo que se ofrecen son símbolos representados en animales que pueden ser vacas o chivos, en collares, piedras preciosas que son entregados en una ceremonia especial, para que a partir de ahí cesen las hostilidades entre las partes que están en conflicto.
El Sistema Normativo Wayuu está enmarcado en una concepción de justicia restaurativa y no punitiva, no hay castigos físicos ni penas en cárceles, según explica Weilder Guerra Curvelo, antropólogo wayuu.
El doctor y filólogo Nicolás Polo Figueroa, en su libro sobre este sistema de justicia, explica que 'el acto más grave contra la integridad de la vida es el homicidio de un miembro del clan; le sigue, en gravedad, todo acto que implique derramamiento de sangre. En estos casos, la norma general establece que todo derramamiento de sangre se paga, de acuerdo con las circunstancias del hecho; en ningún caso se puede alegar la legítima defensa. El quitarle la vida a un wayuu es falta gravísima que ninguna compensación podría cubrir, aunque en aras de restaurar la armonía rota por tal hecho, el pago se considera como un acto más simbólico, pues hay la creencia de que la vida no tiene precio'.
Choques con la justicia ordinaria
Los choques entre este Sistema Normativo Wayuu y la justicia ordinaria se han registrado en varias oportunidades, sobre todo en la comisión de delitos graves como violaciones, narcotráfico, abuso sexual y homicidios.
El caso más reciente se conoció debido a un pronunciamiento de la Justicia Especial para la Paz JEP, en el que solicitó a la Junta Mayor de Palabreros Wayuu la designación de un palabrero o pütchipü para comunicar una decisión judicial a una Autoridad Tradicional del municipio de Uribia, con referencia al indígena Irguis José Fontalvo Peláez, vinculado a un proceso de extradición a Estados Unidos por el delito de narcotráfico.
Según la JEP, en varias oportunidades la autoridad tradicional de la comunidad indígena de Mañatuy reclamó para que Fontalvo Peláez fuera juzgado conforme a su sistema de justicia. La Junta Mayor de Palabreros respaldó y coadyuvó estas peticiones para que el wayuu fuera devuelto a la comunidad y cumplir así con su juzgamiento y sanción impuesta bajo el derecho propio.
Dijo la JEP en su pronunciamiento que 'en acatamiento a las normas superiores que reconocen y protegen el principio de la diversidad étnica y cultural, el cual tiene como una de sus expresiones el derecho de las autoridades de los pueblos indígenas a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de un ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimiento, siempre que no resulten incompatibles con la Constitución y las leyes y en específico, con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional, ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos'.
Por esta razón la JEP se abstuvo de tramitar la solicitud elevada por el señor Fontalvo relacionada con la activación de la 'garantía de no extradición' y no dar trámite para su sometimiento al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.
Para esto solicitó a la Secretaría de Asuntos Indígenas de Uribia, que designe una autoridad tradicional para que sea la persona por intermedio de la cual se pueda dar a conocer esta decisión.
Según el abogado wayuu Yuris Uriana, esto representa un avance que consideró como histórico 'ya que la justicia colombiana activó un mecanismo de coordinación con la Jurisdicción Especial Indígena'.
Añadió que 'lo transcendental del asunto es que se le da importancia ancestral a la figura del palabrero o pütchipü, lo cual, desde hoy comienza a hacer carrera en los procesos judiciales que se sigan contra indígenas wayuu ante la justicia ordinaria'.
Uno de los casos más sonados fue el de la investigación por abuso sexual a 38 niñas wayuu por parte de la Fiscalía General de la Nación. Esto fue en abril de 2016, cuando líderes, autoridades y miembros de la etnia wayuu coincidieron en afirmar que ese delito no hace parte de esa cultura y que los culpables debían ser castigados severamente.
El antropólogo wayuu Weildler Guerra Curvelo aseguró que 'las violaciones no son actos propios de la cultura wayuu y son considerados en su sistema normativo, un horrendo quebrantamiento a las normas sociales'.
Dentro de la investigación fueron seis los capturados quienes fueron enviados a la cárcel después que un juez les dictara medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación.
Sin embargo, en esa fecha, Guillermo Ojeda Jarariyu, miembro coordinador del proceso organizativo de la Junta Mayor de Palabreros, aseguró que la justicia ordinaria necesita reconocer que el pueblo wayuu conserva su propio sistema normativo, a través del cual se resuelven todos los casos de delitos que son tipificados en la justicia ordinaria, que van desde una simple calumnia hasta un homicidio grave.
Además dijo que la población wayuu requiere de una atención especial a través de la aplicación de un enfoque diferencial que permita el fortalecimiento de los valores y principios de vida social y espiritual que le son propios.
'Esto se logra a través de la estructura familiar materna y la aplicación del propio sistema normativo, que socialmente garantiza la lógica del acuerdo, la convivencia y la administración del territorio, así como la responsabilidad de formar y educar en la armonía de los núcleos familiares claniles', anotó.
Otros casos
En octubre de 2012, miembros de la comunidad indígena de Uchitu, en la Alta Guajira, solicitaron que se definiera la situación de tres wayuu que, presuntamente, violaron a una ciudadana británica que se encontraba paseando en el Cabo de La Vela.
El hecho fue denunciado ante la Fiscalía por la joven de 23 años, quien no dio a conocer su identidad. Ella fue valorada en el Instituto de Medicina Legal donde se certificó que sí fue objeto de abuso sexual, confirmó la Policía.
Desde el momento en que se conoció del hecho se inició una controversia entre quienes se mostraban en desacuerdo con que los presuntos responsables fueran juzgados por la justicia ordinaria y aquellos que afirmaban que este era un delito y debían pagar por lo que hicieron, de acuerdo con las leyes colombianas.
En esa ocasión la Defensoría del Pueblo afirmó que era momento de reflexionar por parte de las autoridades indígenas, quienes no solo debían pedir respeto por sus usos y costumbres sino que, también, deberían responder por sus obligaciones ante la ley, no solo de su etnia sino la ley colombiana.
Los wayuu argumentaron que el hecho se cometió en su jurisdicción y que podría llegarse a un acuerdo para establecer una forma de reparación. Finalmente fueron juzgados por la justicia ordinaria.
En septiembre de ese mismo año, 14 miembros de la etnia fueron capturados en área rural de Manaure por las Fuerzas Armadas, que los acusó de porte ilegal de armas (tenían 10 fusiles M-1, revólveres, pistolas y escopetas en perfecto estado) y de formar una organización delictiva.
En esa oportunidad, los indígenas aseguraron que se trató de un atropello por cuanto es una costumbre ancestral poseer armas, que son ‘heredadas’ de generación en generación, así como los animales y hasta los problemas.
Sin embargo, el Ejército indicó que el operativo se realizó después de varios meses de seguimiento en los que se pudo comprobar que estas personas delinquían en esa zona del departamento. Fueron también juzgados por la ley colombiana, sin embargo un juez los dejó en libertad, lo que causó, según conoció EL HERALDO, un mal sabor entre las autoridades militares y policivas.
