El proceso contra el exgobernador de La Guajira Álvaro Cuello Blanchar quedó en firme según un fallo de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que lo investiga por un presunto caso de corrupción en la ejecución de un proyecto de vivienda de interés social en el distrito de Riohacha en el año 2000.
La defensa del exmandatario había solicitado la nulidad de todo lo actuado, argumentando que se le habían vulnerado sus derechos al debido proceso y a ejercer su legítima defensa, pero el alto tribunal consideró que esa solicitud no tenía sustento probatorio, ni base jurídica.
Los hechos de remiten al año 2000, cuando el entonces gobernador Álvaro Cuello Blanchar puso a consideración del Fondo Nacional del Ahorro el proyecto de vivienda Villa Sharin II Etapa en el que se construirían 150 viviendas. Para esto certificó que el proyecto contaba con las licencias, permisos y demás requisitos de ley, entre ellos, el certificado de disponibilidad de servicios públicos.
En noviembre de ese mismo año el exmandatario suscribió con la Constructura Limos Ltda., el convenio de cooperación, para la ejecución del proyecto. La empresa contratista aportaba los lotes y la construcción, financiado con recursos de cesantías y créditos de los afiliados al Fondo, cuya administración correspondía a la Gobernación de La Guajira.
El proyecto se ejecutó hasta el 24 de octubre de 2002, fecha en la cual se suspendió la obra porque la licencia de construcción caducó y no fue renovada, debido a la imposibilidad de la conexión de las viviendas con las redes de alcantarillado y la ausencia de un plan hidrosanitario avalado por la empresa operadora del servicio.
Sin embargo, el siguiente gobernador Hernando Deluque Freyle giró por cuenta de este proyecto $1.326.353.559 a la constructora, mientras que el Fondo siguió con el cobro de los créditos hipotecarios concedidos a los beneficiarios del proyecto, a pesar que las viviendas no fueron construidas ni entregadas en la fecha prevista.
Las autoridades determinaron además que para la entrega de dicho proyecto no se realizó ningún tipo de licitación pública ni se realizó una verificación previa para la escogencia de la constructora encargada. Esto habría presentado una vulneración a los principios de planeación, trasparencia y selección objetiva.
Por estos hechos, en resolución del 9 de septiembre de 2016, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, profirió acusación contra Cuello Blanchar como coautor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En la misma resolución se acusó a Hernando Deluque Freyle, quien fue gobernador para la época de los hechos, como coautor del delito de peculado por apropiación en favor de terceros.
Hernando Deluque Freyle se encuentra actualmente condenado a nueve años de prisión, por delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
