Al expresar preocupación por la situación de defensores de Derechos Humanos, la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas destacó la importancia de fortalecer los mecanismos colectivos propios de prevención y protección como lo es la guardia indígena y reconoció las medidas de protección de carácter espiritual que adoptan los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y La Guajira.
Guillermo Fernández Maldonado representante adjunto de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, fue el encargado de entregar el informe correspondiente al año 2018, que por primera vez se da a conocer desde La Guajira.
Explicó que estos mecanismos de prevención y protección propios desempeñan un rol trascendental para los derechos de los pueblos indígenas y son una gran estrategia.
En este Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Colombia, se indica que de los 115 casos de defensores y defensoras asesinados en 2018 '…el 27 % (…) afectó a personas defensoras de los derechos humanos pertenecientes a pueblos indígenas (18 casos) y afrocolombianas (12 casos)'.
Según el informe siete de estas muertes tuvieron lugar en la región Caribe. Este año, hasta el 7 de junio de 2019, la Oficina recibió 76 denuncias de homicidios de defensores de derechos humanos, de las cuales han documentado 26 de esos casos y 3 de ellos son en el Caribe.
Señala igualmente que 'el 93 % de los casos de homicidios a los cuales se le hizo seguimiento –en 2018- ocurrieron en contextos regionales que registran una débil o nula presencia del Estado Y son también el resultado de sustanciales retrasos en la implementación del Acuerdo de Paz, particularmente en lo relacionado con la reforma rural integral y la sustitución de los cultivos ilícitos'.
La oficina de la Alta Comisionada también expresó en el documento su preocupación por las agresiones cometidas contra los defensores pertenecientes a la comunidad de personas LGBTI, incluyendo, según Colombia Diversa, dos casos de homicidio y seis de amenazas.
'Merecen una mención especial los líderes de las Juntas de Acción Comunal, quienes muchas veces desarrollan su importante función en precarias condiciones de vida', indica.
En cuanto a la Unidad Nacional de Protección, la Alta Comisionada señaló 'con preocupación que, en muchas ocasiones, las medidas de protección otorgadas a los defensores y defensoras no respondían a los riesgos y complejidades del contexto en el que estos desempeñaban su labor'. Por ejemplo: 'la corregidora de una zona rural apartada y afectada por el conflicto en el sur del país, quien fue amenazada en abril de 2018 recibió como medidas de protección en septiembre un botón de pánico, un celular y un chaleco antibalas. Sin embargo, no todos estos elementos eran idóneos teniendo en cuenta las dificultades de acceso y la falta de comunicaciones que existían en la zona donde la corregidora ejercía sus funciones'. Asegura que casos similares han denunciado defensores y defensoras indígenas en el departamento de La Guajira.
