El presidente de Cerrejón. Guillermo Fonseca, aseguró que la empresa cuenta con las reservas que provienen del avance en el tajo La Puente, las cuales dijo que son necesarias para recobrar la competitividad y mantener los niveles de producción, ya que algunos tajos dejarán de ser productivos en el corto tiempo.
Sin embargo, indicó que 'desde Cerrejón somos respetuosos de los derechos de las comunidades y el medio ambiente y confiamos que los resultados de la mesa aclararán las incertidumbres planteadas por la Corte Constitucional que desde el año 2017 ordenó suspender el avance en la operación del tajo, hasta se adopten estas recomendaciones'.
Explicó que durante este tiempo se han estado monitoreando los trabajos de desviación del arroyo y aseguró que 'los resultados han demostrado que la modificación parcial de este cuerpo de agua no pone en riesgo la disponibilidad del recurso, ni los servicios naturales asociados al mismo'.
Fonseca aseguró que el cauce actual se comporta satisfactoriamente. Su proceso de estabilización ha sido exitoso y es monitoreado permanentemente.
Indicó además que Cerrejón realizó consulta previa con la comunidad indígena de Campo Herrera, que fue la única certificada por el Ministerio del Interior, antes de la fase de ejecución del proyecto. Sin embargo, por decisiones judiciales posteriores, Cerrejón desarrolla actualmente un proceso de consulta con la comunidad indígena de La Horqueta y está próximo a iniciar consultas con las comunidades de Tigre Pozo y el Rocío.
Reiteró que las obras se desarrollaron siguiendo reconocidos estándares socialesF, ambientales y de ingeniería y estuvieron soportadas por rigurosos estudios técnicos emitidos por expertos nacionales e internacionales.
'Gracias a ello el nuevo cauce del arroyo ha mostrado un comportamiento acorde a su diseño, emulando las mismas condiciones biológicas del cauce original, lo que garantiza la preservación de la flora y fauna del cuerpo hídrico. El proyecto ha sido objeto de exhaustivas evaluaciones realizadas por la Mesa Interinstitucional, quien confirmó que las obras no afectaban la oferta hídrica para las comunidades .
