Son 50 los adolescentes involucrados en temas de responsabilidad penal en La Guajira, muchos de ellos venezolanos, los cuales han tenido que ser trasladados a otras ciudades porque en el departamento no hay un centro para su reclusión.
Actualmente los jóvenes procesados deben ser remitidos a departamentos como Córdoba, Santander o Bolívar, debido a que La Guajira no cuenta con centros para surtir las tres fases del proceso: transición, investigación y sanción.
El director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF Gabriel Benítez Orcasita explicó que se han venido haciendo gestiones con los gobernadores que han pasado por la administración, pero que cuando se concreta algo, hay cambios y eso ha frenado el proceso.
'Hemos hecho la gestión con los diferentes mandatarios para habilitar el que funcionaba en barrio Arriba, ya que la construcción de uno nuevo podría demorar entre tres y cuatro años', indicó.
Agregó que no hay lugar donde tener a los jóvenes, ya que 'no pueden estar en un hotel, ni en la cárcel, tampoco en la policía, por lo que es una situación difícil'.
El gobernador encargado de La Guajira Wilbert José Hernández Sierra, se reunió con representantes de las diferentes instituciones involucradas con el tema de responsabilidad penal para adolescentes, entre estos el ICBF,con el fin de conocer de cerca los avances que ha habido al respecto en el último año, y con base en ello priorizar acciones.
El tema principal de la mesa estuvo relacionado con estos centros transitorios y de internamiento preventivo que deberían tener las cabeceras municipales que hacen parte del circuito (Riohacha, Maicao y San Juan del Cesar), y que actualmente no se encuentran en funcionamiento o no existen.
El mandatario aseguró que junto al ICBF, convocarán a los alcaldes y cada una de las entidades que conforman el Comité Departamental de Responsabilidad Penal Adolescente, a fin de dar prioridad y viabilidad en temas logísticos y de recursos a este tema.
'Necesitamos que cada uno desde su competencia articule las acciones necesarias para dejar sentadas las bases de lo que sería un nuevo centro transitorio para el departamento, cuyo costo estaría alrededor de $14.000 millones', afirmó.
Entre enero y diciembre de 2018, en La Guajira ingresaron 73 menores de edad al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).
Muchos de estos estuvieron en el centro de Internación Temporal para Menores Infractores de la Fiscalía Especializada en Riohacha luego que fuera cerrado el Centro de Atención Integral para menores Caimeg que estaba ubicado en el barrio Arriba, debido a las quejas de los vecinos del sector por los constantes desórdenes, fugas, agresiones y alteraciones del orden público que se presentaban.
