El secretario de Gobierno Jhon Fuentes quedó al frente de la administración departamental después que la Procuraduría General de la Nación suspendiera provisionalmente por tres meses al gobernador (e) Wilbert Hernández Sierra, por presuntas irregularidades en la firma del contrato de bilingüismo por $11.415’893.720.
Sería el gobernador número doce que pasa por el Palacio de la Marina, durante los últimos ocho años, tiempo durante el cual este departamento ha estado en una inestabilidad administrativa intermitente.
Los guajiros se encuentran preocupados con este nuevo revés institucional, por cuanto la crisis que afecta a esta región, no ha podido ser enfrentada como debe ser, toda vez que los proyectos que se inician quedan a mitad de camino y otros se echan para atrás.
El dirigente conservador Hugues Lacouture expresó que 'es muy triste que La Guajira no sea capaz de encontrar una visión más grande; que no encuentra un gobierno de proyección y es la política más elemental y básica lo que ha prosperado'. Agregó que 'la pobreza y el atraso de nuestro pueblo es el reflejo de la falta que nos hace un buen gobierno'.
Mientras tanto la dirigente Emilsa Rojas Atencio afirmó que 'de nada sirvieron las horas en el desierto cobrizo con manta y mochila, ni los rezos y el esfuerzo, ni la amargura del cachacón, ni el glamour y la templanza, ni el bastón de mando y la oración, ni los libros y la academia, ni las lágrimas caribeñas ni el trasnocho, ni el wayuu in english, al final sin gobernador y nuevamente vueltos un ocho'.
Igualmente habló sobre el tema el médico Spencer Rivadeneira quien expresó 'sin importar tu vertiente política ni el candidato de tu preferencia, vota a conciencia, pensando en Riohacha y en La Guajira. Como guajiros y riohacheros no podemos darnos el lujo de volvernos a equivocar. Otra vez sin gobernador'.
Con este hecho La Guajira queda nuevamente en una incertidumbre administrativa, en la que ha estado durante los últimos años por los casos de corrupción y líos jurídicos en los que han estado los mandatarios que han entrado a la sede del gobierno departamental.
Esta vez el mandatario encargado Wilbert Hernández habría incurrido, según la Procuraduría, en posibles faltas en la suscripción, mediante modalidad de contratación directa, de un convenio interadministrativo con la empresa Nuevas Tecnologías de Innovación, Ingeniería y Telecomunicaciones NIU TELCO S.A.S., para el 'fortalecimiento de competencias comunicativas del idioma inglés en los docentes y estudiantes de las IEO del departamento de La Guajira'.
El caso se inició con la polémica por la firma de este convenio unas horas antes de entrar en vigencia la Ley 996 der 2015 o Ley de Garantías, que se aplica debido al proceso electoral de que se avecina, donde se elegirán a los gobernantes locales.
La Procuraduría Regional de La Guajira conoció la noticia y abrió indagación preliminar dentro de la cual ordenó la práctica de pruebas, entre ellas una vista a la empresa radicada en la ciudad de Cúcuta, sin que fuera posible su ubicación en la sede que registró en el OCAD Regional Caribe, - Órgano Colegiado de Administración y Decisión -, que aprobó la financiación del proyecto de bilingüismo en La Guajira con recursos del Sistema General de Regalías el 6 de mayo de este año.
El convenio iba a ser liquidado
Luego que se generara la polémica sobre el convenio, el gobernador de Norte de Santander William Villamizar, en diálogo con algunos medios de comunicación aseguró que el mandatario guajiro había solicitado a la empresa NIU-TELCO S.A.S revisar la posibilidad de liquidar en común acuerdo porque hasta ahora se formuló, porque no ha iniciado, ya que no se ha dado ningún giro.
La Procuraduría compulsó copias a Villamizar, quien al parecer habría suscrito un negocio jurídico el 'fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés en el departamento de Norte de Santander', que sería similar al objeto del contrato que habría dado origen al proceso contra el gobernador (e) de La Guajira.
Pese a esto había asegurado que el proyecto no presenta irregularidades en su formulación, a pesar de la polémica que se ha suscitado por el tema.
EL HERALDO conoció que la liquidación del convenio se iba a hacer este lunes o martes, pero primero llegó la suspensión por parte de la Procuraduría General de la Nación.
