Los senadores Aída Avella, de los Decentes; Iván Cepeda, del Polo y Feliciano Valencia, del Mais, anunciaron que el Consejo de Estado admitió una demanda contra la empresa Carbones del Cerrejón, en la que solicitan medidas cautelares consistentes en la suspensión de las operaciones y de la expansión de la actividad extractiva hasta que las autoridades no constaten la protección de los derechos de las comunidades y la no afectación de la seguridad alimentaria y de las fuentes de agua de La Guajira.
La demanda, interpuesta desde el pasado mes de febrero junto a dos comunidades wayuu y las organizaciones Fuerza Mujeres Wayuu, el Colectivo de Abogado 'José Alvear Restrepo', Cajar; Censat Agua Viva y el Centro de Investigación y Estudios Populares, Cinep, 'no busca que con la solicitud de medidas cautelares de la acción jurídica se vaya producir el cierre inmediato y total de la mina de carbón, como tampoco cause el despido masivo de trabajadores', indicaron los parlamentarios.
La acción de nulidad va dirigida, precisaron, a frenar o mitigar el 'detrimento ambiental, económico y las graves afectaciones a derechos humanos que se están ocasionando sobre la población de La Guajira impactada por el proyecto', al que atribuyen los legisladores 'la muerte de 5 mil niños y la desnutrición de 40 mil más en los últimos años'.
Agregan los demandantes que, a la fecha, por lo menos 250 mil indígenas se han visto 'afectados por la actividad extractiva del Cerrejón, en sus modos de vida y actividades económicas, como el comercio y el pastoreo de chivos. Eso sin contar con que la empresa ha intervenido, apropiado y destruido más de 17 arroyos y más de 48 cuerpos de agua, que están siendo contaminados directamente, entre ellos el río Ranchería'.
Y advirtieron que las comunidades tienen derecho a denunciar los 'daños ambientales en la salud de los trabajadores y de la niñez en La Guajira, ocasionados por el Cerrejón, que han sido probados en más de 10 decisiones judiciales desde el año 2002'.
