El acto de apertura de licitación pública No.006 de 2019 a través del cual se esperaba adjudicar el contrato de transporte escolar para 7.968 estudiantes del departamento de La Guajira fue revocado por el gobernador encargado Jhon Fuentes Medina para atender las recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación.
Esta contratación es por $27.926 millones para prestar el servicio de transporte escolar en las zonas rurales y urbanas de los 12 municipios guajiros no certificados.
Según el mandatario, una de las peticiones del ente de control era que se entregara el listado de todas las empresas que en el país estén en la posibilidad de prestar este servicio, lo cual se hizo.
'La Procuraduría consideró que las observaciones no se habían resuelto de fondo porque no se incluyeron detalles de estas empresas de transporte y tenemos que acatar las decisiones de nuestro juez disciplinario', explicó.
Dijo que estaba convencido de haber presentado todo lo solicitado, pero que es respetuoso de lo que decidió la Procuraduría y por ende junto a su equipo jurídico tomó la decisión de revocar este acto de licitación.
'Haremos todo lo que nos han pedido e iniciaremos de nuevo el proceso para poder adjudicar el contrato de transporte antes de finalizar el año, tal como lo solicitó la misma Procuraduría en una directiva el pasado 21 de octubre en la que pedía que esto quedara listo para que los niños pudieran iniciar el año escolar 2020 con este componente de la canasta educativa', indicó Fuentes.
En la primera etapa de este proceso se presentaron seis posibles oferentes, quienes manifestaron su interés en participar, pero solo uno presentó oferta que es la empresa Unión Temporal Eikajuluin, integrada por la Asociación de Relacionistas y Transportadores Turísticos de La Guajira, Transportes Relaturg Limitada y Busservi del Caribe S.A.S. Los otros se retiraron porque se decidió que no se les daría anticipo.
El mandatario guajiro insistió en las condiciones culturales y geográficas difíciles de La Guajira, las cuales según él, deben tenerse en cuenta para la ejecución del contrato.
La Procuraduría Delegada para la Función Pública había dicho que la mayor preocupación son los derechos de los niños en cuanto al transporte escolar y que las observaciones sobre estudio de mercadeo, pluralidad de las ofertas y los requisitos habilitantes, quedan aún sin resolverse.
Agrega que la obligatoriedad de las entidades estatales es hacer un análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación con base en el cual se establecen los requisitos habilitantes.
