El presidente Iván Duque fue citado a una audiencia pública en Riohacha por el Tribunal Superior de La Guajira en el marco de un incidente de desacato a la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional que declaró el estado de cosas inconstitucionales en este departamento.
La citación la hizo Jhon Rusberth Noreña Betancourth magistrado de la Sala de Decisión Civil, Familia y Laboral de ese tribunal para este viernes seis de diciembre.
La Corte confirmó la Sentencia del 1 de marzo de 2016 emitida por el Tribunal Superior que declaró un estado de cosas inconstitucional con relación al goce efectivo de los derechos fundamentales a la salud, agua potable, alimentación y a la seguridad alimentaria de los niños y niñas wayuu en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribía.
En la citación se explica que de conformidad con los artículos 23-27 del Decreto 2591 de 1991 y el numeral octavo de la parte resolutiva de la Sentencia T-302 de 2017, 'este Tribunal es competente para verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas'.
Mediante auto de 18 de julio pasado, el magistrado integrante de la Sala Civil Familia Laboral de este Tribunal, informó a las partes intervinientes en este trámite constitucional, del informe y solicitud de prórroga en el marco del cumplimiento de mencionada sentencia, formulados por la Presidencia de la Republica para que se pronunciaran al respecto.
También están citados los ministerios de Educación, de Vivienda, de Ambiente, de Agricultura, de Salud, de Transporte, Hacienda, del Interior, Invías, Prosperidad Social, ICBF, Procuraduría General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscalía General de la Nación, Superintendencia Nacional de Salud, Unidad para la Gestión del Riesgo y de Desastres.
También deben presentarse Gobernación de La Guajira, alcaldías de Manaure, Uribia, Maicao, Riohacha, Superintendencia de Servicios Públicos, Corpoguajira, Departamento Nacional de Planeación, Dane, Agencia Nacional de Contratación Pública y Defensoría del Pueblo.
Además de la Asociación de Autoridades Indígenas Wayuu Shipia Wayuu, el representante legal de la Asociación de Jefes Familiares de la Zona Norte de la Alta Guajira y Elson Rafael Rodrigo Rodríguez Beltrán, quien interpuso la tutela.
En esta Sentencia T-302 la Corte Constitucional constató una vulneración masiva y generalizada de los derechos fundamentales de los niños y niñas del pueblo wayuu en materia de agua, salud y alimentación, y declaró un estado de cosas inconstitucional del goce de derechos fundamentales. Para el alto tribunal, lo anterior ocurre debido a las fallas de las entidades del Estado.
Plan de acción
Atendiendo lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302, el Gobierno Nacional se reúne en la Alta Guajira con las autoridades tradicionales y comunidades para continuar con la construcción del plan de acción.
Según la consejera para las regiones Karen Abudinen, las entidades del orden nacional ya evaluaron la oferta que pueden ejecutar a nivel municipal con el fin de beneficiar a la población vulnerada y que ha sido beneficiada con el fallo de la Corte.
La agenda se cumplirá durante las dos primeras semanas de diciembre en la Alta y Baja Guajira.
'Para el Gobierno Nacional es muy grato llegar a La Guajira a trabajar de la mano de las comunidades en la búsqueda del desarrollo nuestros territorios y el resultado de este ejercicio será en garantía para velar los derechos y lograr juntos los resultados esperados por las comunidades con el apoyo del gobierno nacional y territorial', anotó.
En septiembre se cumplieron nueve jornadas de socialización en donde se explicó a las comunidades la participación de las autoridades indígenas en la construcción de este plan de acción y el mecanismo de seguimiento.
