Las comunidades wayuu, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación coincidieron en afirma que el Estado colombiano no ha cumplido con lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 que declaró el estado de cosas inconstitucional en el departamento de La Guajira y que constató una vulneración masiva y generalizada de los derechos fundamentales de esta etnia.
Así lo aseguraron en la audiencia pública que se llevó a cabo en el Tribunal Superior de Riohacha, convocada por el magistrado Jhon Rusberth Noreña Betancourth, atendiendo un incidente por desacato a la sentencia presentado por varias organizaciones indígenas, abogados y personas naturales.
A esta no asistió el presidente de la república Iván Duque, ni ninguno de sus ministros a pesar de que estaban citados. Tampoco los directores de los institutos. Estuvieron los alcaldes de Riohacha Juan Carlos Suaza, de Manaure Aldemar Ibarra y de Uribia Luis Enrique Solano. El alcalde de Maicao envió un delegado.
La conclusión de la audiencia, que se llevó a cabo desde las ocho de la mañana hasta las dos y treinta de la tarde de este viernes, también coincidió con el incumplimiento por parte del gobierno nacional, teniendo en cuenta que no se ha elaborado el plan de acción cuya elaboración, presupuestación, contratación y ejecución fue ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia.
Este deberá elaborarse de manera articulada y coordinada en el plano interinstitucional e intersectorial, nacional y regional, de manera que participen todas las entidades accionadas y las demás que tengan incidencia en la crisis de los derechos fundamentales de los niños y niñas wayuu.
Este plan de acción deberá dar respuesta a la vulneración masiva y generalizada de los derechos fundamentales de los niños y niñas del pueblo wayuu en materia de agua, salud y alimentación, y declaró un estado de cosas inconstitucional del goce de derechos fundamentales. Para el alto tribunal, lo anterior ocurre debido a las fallas de las entidades del Estado.
El magistrado Noreña le dio un plazo al gobierno de cinco días hábiles para dar a conocer la fecha en la cual podrá tener listo este plan de acción.
'A pesar de que se podrían presentar imprevistos y dificultades, es necesario que se comience a elaborar este plan para que envíe el informe a la Corte, para que se pronuncie sobre lo que ocurrió aquí o para que continúe delegando la vigilancia en este tribunal', explicó.
Dijo que 'esperábamos tener algo más concreto pero ya tenemos un punto de partida, porque aquí hemos estado presentes todas las instancias en pro de que estos derechos se cumplan'. Anunció que se estudiará la posibilidad de hacer seguimientos bimestrales.
Noreña añadió que en quince o veinte días se entregarán las actas y constancias de lo sucedido en la audiencia.
Siguen las muertes por desnutrición
Durante la audiencia en el Tribunal Superior de Riohacha la defensora regional del pueblo Soraya Escobar afirmó que, teniendo en cuenta que uno de los objetivos que se proponen en la Sentencia T-302 es que disminuya la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años, esta no se ha rebajado lo suficiente para evidenciar que se está cumpliendo con lo ordenado por el alto tribunal.
Indicó que a la semana 44 del 2019 van 25 niños muertos por desnutrición, mientras que en el mismo período del año pasado la cifra era de 43. Sin embargo, los niños encontrados con desnutrición el año pasado eran 1.285 y este año van 1.338.
A la semana 47 del 2019, los niños fallecidos por este causa ya suman 32 y el año pasado en esta misma semana iban 49.
'Es necesario que se agilice el proceso para cumplir con la sentencia, ya que a pesar que se han llevado a cabo proyectos de seguridad alimentaria en los territorios, aun no hay un impacto verdaderamente positivo y hay muchas comunidades que no han sido atendidas', afirmó.
Añadió que se requiere por parte del Estado que se diseñe el Plan de Acción que se pide, el cual considera es el rector para el cumplimiento de las metas.
Mientras tanto el procurador regional de La Guajira William Millán Monsalve aseguró que es inexcusable que el gobierno colombiano no haya cumplido con los plazos establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302.
'El Estado ha pedido varias prórrogas y no creo que se deban dar más porque las soluciones no dan espera y no se puede permitir que sigan incumpliendo sus obligaciones', anotó.
Dijo que es preocupante que desde el 2017, año en que falló la Corte hasta la fecha han muerto 110 niños por desnutrición y por lo tanto según él persiste el estado de cosas inconstitucional en La Guajira.
Los líderes wayuu manifestaron su molestia
La autoridad tradicional Pacheco Uriana del territorio ancestral no resguardado del área rural de Riohacha manifestó que están cansados de que el Estado no cumplan con la sentencia y que se tomen decisiones sin tener en cuenta sus opiniones.
'Esperamos que se cumpla lo ordenado en la sentencia, pero de manera transparente, teniendo en cuenta la seguridad jurídica de nuestros territorios, acceso al agua y soberanía alimentaria', afirmó.
Mientras tanto, María Teresa Uriana afirmó que 'nuestra niñez sigue sufriendo por los mismos problemas de fondo y solo nos han dado paños de agua tibia que no solucionan nada', explicó en wayuunaiki frente al auditorio.
Gustavo Valbuena de la Asociación de Jefes Familiares Wayuu de la Zona Norte de la Alta Guajira Wayuu Araurayu, uno de los que presentó el incidente de desacato, aseguró que el gobierno nacional debe construir el plan de acción sobre 202 acciones concretas y que tienen unas particularidades de cada una de las comunidades.
'Es interesante la presencia de unos 45 funcionarios del gobierno nacional, pero no hay un plan de acción aun y ya hay unas órdenes muy precisas que están condensadas en uno de los anexos de la sentencia', explicó.
El gobierno nacional reconoció que aún no hay plan de acción
En representación del presidente de la república Iván Duque, estuvo presente en la audiencia su apoderada Marta Lucía Cossio Martínez, quien reconoció que no hay aún un plan de acción, como lo ordena la Corte Constitucional en la Sentencia T-302.
Sin embargo dijo que el gobierno ha venido trabajando en el departamento de La Guajira y que el Gobierno Nacional ha venido reuniéndose en la Alta Guajira con las autoridades tradicionales y comunidades para continuar con la construcción de este plan de acción.
El gobernador encargado de La Guajira Jhon Fuentes Medina dijo que se está tratando de cumplir con el mandato de la Corte Constitucional, pero que 'para nadie es un secreto que estamos intervenidos por el gobierno nacional en salud, educación y agua, por lo que no manejamos esos recursos'.
