El gobernador de La Guajira Nemesio Roys Garzón aseguró que a la fecha el departamento no ha recibido recursos por parte del ministerio de Salud para atender la emergencia ocasionada por el COVID-19, a pesar de las limitaciones que tiene la red hospitalaria en estos momentos.
'Debido a la intervención de hace tres años en los sectores de Agua potable, Salud y Educación, la Gobernación no puede hacer ejecuciones directas, es el Gobierno Nacional, a través del ministerio, el ordenador del gasto', aseguró.
Dijo que la emergencia precisamente tiene que ver con estos tres sectores y no puede disponer de estos recursos.
El mandatario afirmó que en La Guajira se necesitan camas, respiradores, monitores e instrumentos médicos, razón por la cual desde que inició la emergencia, se proyectó un plan de contingencia para atender dicha situación.
'Este trabajo de dotación supera los $40.000 millones, una suma que no va a disponer minsalud, por esta razón en los próximos dos días adoptaremos diferentes medidas para que la Gobernación, con otros recursos que no son de salud, pueda generar soluciones efectivas y hacer algo que debió hacer el ministerio', anunció.
Enfatizó que 'no puedo ser indolente ante la situación de todos los guajiros, esta determinación será difícil a nivel presupuestal para varios sectores del departamento; sin embargo, es lo que ahora necesitamos en caso de presentarse una curva acelerada de contagios. Ya hemos esperado bastante y no podemos seguir en esta situación que pone en riesgo a nuestra gente'.
Con relación con la entrega de ayudas alimentarias explicó que el domingo la Gobernación completó con la entrega de 14 mil kits en una primera fase a las 15 alcaldías municipales, quienes directamente las llevan a las comunidades, luego del cruce de información que previamente realizaron para identificar a las familias que reciben otras ayudas del Estado, en aras de evitar la duplicidad de beneficiarios.
'Estamos a la espera de los 150.000 mercados que enviará el Gobierno Nacional, que se destinarán esta misma semana, en su gran mayoría a la población indígena. Le he pedido al ministerio del Interior que este proceso se haga de manera organizada, con presencia de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría', explicó.
La intervención de los sectores antes mencionados por parte del Gobierno Nacional inició en febrero de 2017 y fue ampliada a dos años a través del Conpes 3984.
