Un juez de control de garantías de Bogotá legalizó la captura de la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto Pérez y ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario de Valledupar, informó la Fiscalía General de la Nación.
La exmandataria se había entregado a la Policía en Riohacha el domingo, después de haber estado durante un año prófuga de la justicia, ya que tenía orden de captura desde julio del 2019 por las presuntas irregularidades en obras civiles de adoquines a desarrollar en el municipio de Albania, para los años 2010-2011.
Después de su entrega había sido trasladada al bunker de la Fiscalía en Bogotá debido al hacinamiento que existe en la sede de la capital guajira.
La Fiscalía General de la Nación explicó que Pinto Pérez al parecer había creado la fundación Princesa Negra, a través de la cual se realizaría la auditoría al contrato de adoquinamiento en vías de esta población guajira, por valor superior a $12 mil millones.
'Los investigadores establecieron que existió un posible detrimento a ese municipio por $5.981’965.192. Por tales inconsistencias, el ente acusador le imputó cargos en el año 2019 como presunta responsable de los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público', indicó el ente acusador.
La fiscal delegada contra la Criminalidad Organizada Paola Andrea Meneses, afirmó en medios nacionales que la exgobernadora podría pagar una pena superior a los diez años, teniendo en cuenta los delitos por los cuales es acusada.
Explicó que Oneida Pinto contrataba simpatizantes de ella y montó toda una logística para hacer eso. 'A través de unos oficiales de obra que eran supervisados por un primo suyo, que era el jefe de ejecución de obra, se giraban los cheques para que los cobrarán, luego se pagaba la nómina y el remanente se le pasaba a la señora Oneida', agregó.
Según las pruebas aportadas por la Fiscalía se pudo establecer que la selección del contratista fue amañada y que se buscaba apalancar la campaña electoral de Oneida Pinto a la alcaldía de esa población guajira, mediante la supuesta contratación de cerca de 2.000 personas, que se encargarían de las obras, y quienes habrían recibido pagos sin haber laborado.
'Al parecer, los supuestos trabajadores ingresaban al programa a consecuencia de su simpatía política', puntualizó la Fiscalía.
La exgobernadora guajira también se encuentra vinculada a una investigación por la firma de un convenio interadministrativo entre la alcaldía de Albania y el hospital San Rafael de Albania con miras a reducir los índices de mortalidad en niños, niñas de 0 a 5 años, madres gestantes y mujeres embarazadas. El valor del convenio ascendió a más de $18.900’000.000, en el cual la Fiscalía evidenció una pérdida de recursos por el orden de los $ 6.900’000.000.
