La entrega voluntaria ante el Comando de la Policía de la prófuga exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto Pérez causó sorpresa ayer entre la comunidad y los círculos políticos de Riohacha y el resto del Departamento.
El paradero de la exmandataria era desconocido desde julio del año pasado, cuando huyó tras una orden de captura en su contra librada por el Juzgado 45 de Control de Garantías de Bogotá.
Pinto Pérez, de ascendencia indígena, está involucrada en la investigación por irregulariadades en un contrato para adoquines en el municipio de Albania en los años 2010 y 2011, en cuantía de 12 mil millones de pesos, cuando fungía como alcaldesa de dicha población.
Según la Fiscalía, al parecer habría creado la fundación Princesa Negra para que realizara la auditoría del contrato de adoquinamiento de vías en ese municipio, lo cual arrojó un detrimento patrimonial del orden de los 5 mil 900 millones de pesos.
Oneida Pinto, quien en octubre del 2015 resultó elegida mandataria de La Guajira con 180.263 votos, llegó a las 9:30 de la mañana de ayer domingo al comando de la Policía en Riohacha, acompañada de su abogado, Eugenio Quinto Loperena, y de una comisión de la Defensoría del Pueblo.
Desde que se lanzó como candidata a la gobernación Pinto ha estado rodeada de escándalos, pues tenía el apoyo del controvertido exgobernador Kiko Gómez, ahora condenado a 55 años de prisión por homicidio. En cuanto resultó elegida, su elección fue demandada ante el Consejo de Estado por incompatibilidades en el cargo de alcaldesa de Albania. Sin embargo, logró posesionarse.
Pero apenas duró seis meses, porque el 7 de junio de 2016 el Consejo de Estado declaró nula la elección. Las malas noticias para Oneida Pinto siguieron llegando, en octubre de ese mismo año Cambio Radical, que le había dado el aval, la expulsó del partido por supuestos indicios de tentativa de homicidio contra Jorge Enrique Vélez, en ese entonces gobernador encargado.
La controvertida mujer fue enviada a la cárcel en marzo de 2017 por un juez de control de garantías de Bogotá en el marco de otra investigación penal.
Esta vez por un convenio entre la alcaldía y el Hospital San Rafael de Albania para reducir índices de mortalidad en niños, madres gestantes y mujeres embarazadas.
El valor ascendió a 18 mil 900 millones de pesos, y según la Fiscalía se evidenció una pérdida de recursos del orden de los 6 mil 900 millones de pesos.
En junio de 2018 Pinto salió en libertad por vencimiento de términos. Un mes después se entregó a la justicia su hermana Yasmira María Pinto Arregocés, coordinadora del convenio. Por este mismo caso, en junio de 2019 fueron condenadas cuatro personas. Tras la entrega ayer, Oneida Pinto fue trasladada al Hospital de Riohacha para una evaluación médica, y a las 4 de la tarde la subieron en un helicóptero de la Policía y la enviaron a Bogotá. El abogado Quinto intentó evitar el viaje a la capital con el argumento de que el proceso estaba en un juzgado de Maicao, pero no lo consiguió.
Por este caso Oneida Pinto enfrenta delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público. Aún le quedan pendientes cargos de la Procuraduría por presuntas irregularidades en otro contrato por $20 mil millones con la empresa Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia, Funtics.
