El municipio de Maicao fue condenado a pagar una suma cercana a los 245 millones de pesos por la muerte del niño wayuu Fernando Jair Ipuana López, quien murió en un accidente de tránsito ocurrido el primero de abril de 2013, cuando iba saliendo de su colegio.
Según el fallo del Juzgado Primero Administrativo Mixto del circuito judicial de Riohacha, la administración municipal deberá pagar 100 salarios mínimos legales vigentes a cada uno de los padres del niño y 50 salarios mínimos a cada uno de los dos hermanos como indemnización por perjuicios morales ocasionados.
Según la abogada Estercilia Simanca Pushaina, representante de la víctima, ese día el niño fue llevado, como de costumbre, por su madre Angelina López González a la Institución Educativa No. 14, Sede Paraíso del municipio de Maicao a las 7:00 de la mañana para cumplir con sus actividades académicas como estudiante del grado transición.
La madre relata que antes de la hora de salida para los estudiantes, se convocó una reunión con los docentes para aprovechar que algunos pocos habían llegado a clases ese día, después de la Semana Santa, manifestando además la posibilidad de enviar para sus casas a los alumnos.
Por este motivo Fernando Yair salió solo a las diez de la mañana porque no se le avisó a sus padres y fue arrollado por una camioneta en las afueras de la institución. Fue trasladado al hospital San José de Maicao, pero falleció en el camino.
En el fallo se expone que siendo una zona de tráfico vehicular donde funciona la Institución Educativa No. 14, Sede Paraíso, la secretaria de Educación precisó que no cuentan con reguladores de tránsito a las afueras de la sedes, en especial la mencionada en este hecho, para que guíen a los menores al cruzar las calles, pese a que cuenta con competencia para dirigir y planificar políticas educativas en su jurisdicción, en virtud de que el municipio de Maicao es un ente territorial certificado.
El estudiante tenía seis años de edad y era el menor de los hijos de Armando Ipuana Ipuana y Angelina López González.
En el fallo se indica que la administración actuó de manera arbitraria a la regularidad administrativa, contrariando postulados de buen servicio público o adecuada función administrativa.
Así mismo que la muerte del niño está directamente relacionada con la reunión convocada por la directiva de la institución sin previo aviso a los padres, y que permitió la salida del menor, siendo este arrollado por un vehículo en las afueras de la institución.
La abogada Simanca aseguró que 'se trata de una reparación directa donde el demandado es la alcaldía de Maicao y los demandantes los padres de un menor de la etnia wayuu, un caso en el que se cometió una falta gravísima, dado que la administración municipal ofreció los oficios de un palabrero para que los padres de la víctima conciliaran con el señor del vehículo que atropelló al menor, en las instalaciones de la oficina de asuntos indígenas, en la propia alcaldía de Maicao, el municipio no debió jamás mediar en ese caso por la sencilla y profunda razón que era un actor en los hechos por su negligencia'.
Dice que al señor del vehículo le hicieron pagar $3 millones y dijo 'un señor que esa mañana salió dispuesto a ganarse la vida y no a matarla, porque el menor debía estar a esas horas dentro del plantel educativo y no por fuera de él, se trataba de un niño de seis años y al que todavía le decían bebé'.
Fabián Cotes abogado de la administración de Maicao explicó que es un fallo de primera instancia y que se presentó un recurso de apelación buscando la revocatoria de la misma. 'En el evento de que el Tribunal Administrativo confirme la decisión, sería un deber ya constitucional que tendría el alcalde de turno, de darle cumplimiento a la sentencia', indicó.
