A pesar que Sintracarbón, sindicato mayoritario de Cerrejón, inició la huelga este lunes 31 de agosto de 2020 a las 3:15 de la tarde, afirma que mantiene su disposición de negociar el pliego de peticiones.
Igor Díaz presidente de la organización sindical afirma que para avanzar en la negociación y superar esta etapa del conflicto laboral, se reclaman tres puntos que la multinacional se niega a aceptar.
Piden la preservación de todos los puestos de trabajo, los cuales dicen que están en riesgo por lo que han denominado el 'turno de la muerte', el respeto a las jornadas laborales actuales y las garantías convencionales que ellas conllevan, incluyendo las de transporte seguro suministrado por la compañía y el respeto a las garantías convencionales, conseguidas como justa compensación al trabajo de los mineros colombianos para la explotación del carbón nacional.
Aseguran los trabajadores que 'este es un nuevo portazo que dio la multinacional cuando planteó que el turno va desde este primero de septiembre, que es una decisión de patrón y que no es objeto de negociación, a pesar que se le demostró que por una parte afecta ítems neurálgicos de la convención colectiva de trabajo (por ejemplo art. 42.- Transporte Terrestre, entre otros) y además su imposición aún tiene muchas dudas por resolver de orden médico, de seguridad y salud en el trabajo, financiero, empleabilidad, social y jurídico'.
Además aseveran que 'la única responsable de la huelga es la empresa y así debe responderle a la nación, a la región, a los trabajadores y a la comunidad y que esta organización sindical solo está ejerciendo un derecho, en el marco de la constitución y la ley y en defensa de las condiciones laborales, sociales y familiares de nuestros representados'.
Reconocen que será una huelga dolorosa, pero agregan que es un sacrificio para salvaguardar la vida, la dignidad, la salud, el tejido social y familiar.
Cerrejón por su parte ha advertido que cada día de huelga en Cerrejón le cuesta a La Guajira y a Colombia cerca de 7.000 millones de pesos. 'Esta cantidad incluye lo que deja de percibir el departamento y el país en términos de impuestos y regalías, pero también otros conceptos como los salarios y beneficios que reciben los trabajadores y todos los servicios que tiene contratados la Compañía. Esto supone reducir la capacidad del departamento para hacer inversiones sociales y frena el desarrollo de la región', asegura el vicepresidente de la compañía Juan Carlos Consuegra.
