'Exigimos que el arroyo Bruno retorne a su cauce natural lo más pronto posible'. Esta es la petición tajante y concluyente que hacen las comunidades wayuu que se oponen al desvío que hizo Cerrejón de este cuerpo de agua de La Guajira.
'La empresa nos ha mentido, el fallo de tutela SU698 de 2017 de la Corte Constitucional ordenó que se suspendieran actividades porque había dudas en el proyecto, pero Cerrejón triplicó la mano de obra y terminó el desvío', aseguró a EL HERALDO Luis Misael Socarrás Ipuana, líder aborigen defensor de derechos humanos, del agua y el territorio ancestral en esa región.
El Arroyo Bruno nace en la parte alta de la Serranía del Perijá y recorre los municipios de Maicao y Albania.
La lucha por defender este recurso hídrico comenzó desde que Cerrejón anunció un proyecto de expansión para reemplazar el cese de la producción de carbón por tajos, cuyas reservas se agotarán en corto plazo.
Por eso lo considera como el más importante dentro de su operación actual y futura.
Un informe reciente de la Contraloría General de la República indica que después de una auditoría en cumplimiento de esa tutela encontraron fallas en la gestión del Ministerio de Ambiente, de Corpoguajira y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), con respecto al proyecto.
'Están impidiendo que se mitigue la amenaza de vulneración a los derechos a la salud, agua y seguridad alimentaria de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto de desviación del cauce del Arroyo Bruno, por parte de Cerrejón, amenaza que fue reconocida por la Corte Constitucional en su sentencia', precisa el documento de la Contraloría.
