Después de notificada la sentencia T-614 de 2019 en la que la Corte Constitucional pidió a Cerrejón mejorar la calidad del aire y disminuir el impacto de la actividad minera en la comunidad de Provincial, municipio de Barrancas, las accionantes Mary Luz Uriana Ipuana y Yasmina Uriana afirman que ni la empresa ni las instituciones del Estado responsables han brindado información oportuna, clara, suficiente y adecuada, sobre el cumplimiento de las órdenes en los plazos otorgados.
Así lo hicieron saber a través de sus apoderados del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que enviaron a la ONU un resumen de lo que consideran violaciones a los derechos a la salud y al ambiente sano de este resguardo indígena wayuu.
Aseguran que 'la decisión judicial dejó en manos de las mismas entidades del Estado que han tolerado el sufrimiento y daños de esta comunidad la responsabilidad de verificar los incumplimientos de las medidas ordenadas, caso en el cual 'se debe ordenar la suspensión de los tajos y botaderos de la mina que se encuentren a menos de cinco kilómetros de la comunidad de Provincial'.
En respuesta a la comunicación enviada al organismo, el relator especial de la ONU sobre derechos humanos y el medio ambiente, David Boyd, solicitó a Colombia que se suspendan las actividades de Cerrejón, al menos temporalmente, para proteger de la contaminación y de la Covid-19 a la comunidad indígena wayuu de Provincial, en el municipio de Barrancas.
Explicó que el hecho de respirar aire contaminado y carecer de acceso a agua potable debido a las actividades mineras incrementa el riesgo de enfermedades para estas personas y que durante la pandemia del coronavirus esta situación puede convertirse en una amenaza mortal.
Igualmente dice que la ciencia es clara. 'Las personas que viven en zonas que presentan niveles más altos de contaminación del aire –como la de los alrededores de la mina El Cerrejón–, se enfrentan a un mayor riesgo de muerte prematura por COVID-19'.
La comunicación de Naciones Unidas alerta que la compañía 'no solo desvía y utiliza un gran número de arroyos y afluentes, sino que también vierte agua contaminada con metales pesados y productos químicos'.
En el fallo de tutela que se conoció en diciembre del año pasado, la Corte Constitucional ordenó a la empresa Cerrejón implementar medidas transitorias urgentes que prevengan y mitiguen el riesgo de esta comunidad wayuu de sufrir afectaciones a su ambiente y a la salud.
En esta decisión se pidió a la empresa mejorar la calidad del aire y disminuir el impacto de la actividad minera en la comunidad, por lo que el experto de la ONU indicó que no se han tomado las medidas suficientes para proteger a los miembros de la comunidad wayuu en el resguardo indígena de Provincial.
Las accionantes afirman que la explotación minera a cielo abierto se cumple a menos de dos kilómetros del resguardo, y estaría generando múltiples afectaciones a su ecosistema y salud mediante la contaminación del aire de la zona, cuerpos de agua aledaños y la fauna y flora circundantes.
Aseguran que la comunidad ha sufrido múltiples daños a su medio ambiente, sus habitantes sufren de enfermedades respiratorias, visuales y cardiacas, se ha contaminado el río Ranchería y se ha disminuido la productividad de sus tierras, pero además han sufrido la perturbación constante de su modo de vida.
El alto tribunal ordenó a Cerrejón controlar las emisiones de material particulado, limpieza exhaustiva de polvillo de carbón, disminuir el nivel de ruidos que producen sus operaciones, impedir eficazmente la contaminación de fuentes hídricas y la prevención de incendios que se generan en los mantos de carbón.
'Es absolutamente vital que Colombia proteja los derechos de los pueblos indígenas a la vida, la salud, el agua, el saneamiento y a un medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible, deteniendo la minería cerca de la reserva Provincial hasta que pueda realizarse de forma segura', concluyó el relator especial.
Cerrejón dice que cumple
En un comunicado Cerrejón manifiesta que observa con preocupación las afirmaciones de relatores especiales de Naciones Unidas llamando a la suspensión de la operación en el área cercana a la comunidad indígena de Provincial.
'La Empresa también recibió una carta de estos relatores el 9 de septiembre y tiene toda la voluntad de responder en el plazo de 60 días definido por los relatores en su solicitud, la cual vence el 7 de noviembre, para suministrar hechos adicionales para su consideración', aseguró.
La multinacional añade que de manera permanente hacen esfuerzos para mejorar en los procesos de debida diligencia que buscan identificar, prevenir y mitigar los impactos generados por la operación y de compensarlos cuando es necesario.
