El proyecto de ordenanza que le dará vía libre para que La Guajira se someta al rigor de la Ley 550 o Ley de restructuración de pasivos, no tiene marcha atrás y es necesario que se ponga en marcha para lograr un saneamiento de las finanzas del departamento, sin que esto perjudique de alguna forma la inversión social que debe continuar en este departamento que tiene mucho por hacer.
La información sobre la continuidad del estudio del proyecto de ordenanza fue anunciada por el gobernador Nemesio Roys Garzón en el acto de instalación del tercer y último período ordinario de sesiones de la Asamblea, la mañana de este jueves. La Iniciativa naufragó en las pasadas sesiones y la presidenta de la Asamblea Oriana Zambrano, argumentó que faltaron informes que habían solicitado, tanto a la Gobernación como al ministerio de Hacienda para poderle dar la aprobación y hoy se encuentra en el despacho de la Comisión Segunda, dijo.
'Someternos a Ley 550 no quiere decir de ninguna manera que La Guajira abandonará su responsabilidad social, de ninguna manera porque la inversión en el deporte, en la salud, en los miembros de la tercera edad y otros compromisos, van a seguir de manera normal. El dinero que viene de las regalías seguirá cumpliendo su objetivo como hoy', dijo el gobernador.
Indicó el funcionario que en el solo sector de la salud se tienen deudas del orden de $30 mil millones con clínicas privadas y hospitales y ellos no pueden seguir quebrando a esas empresas y añade que las empresas que no reciben pagos por sus servicios van directo a la quiebra y no están dispuestos a seguir haciéndolo.
'Hay que poner un punto final a ese desbalance que ha existido históricamente desde que cambio el Sistema Nacional de Regalías, donde los gastos que se venían produciendo no fueron reajustados a los ingresos y hoy no hay tiempo para quejarse, sino para enderezar el caminado y podamos decirle a los acreedores del departamento que su plata no se va a perder, que tendrán un tiempo específico de pago y que no dependerán de la voluntad que tenga el gobernante que llegue, porque será el ministerio de Hacienda, quien garantice el orden en el pago de las acreencias y a la gobernación la tranquilidad de no tener embargos, de no tener procesos de cobro coactivos y finalmente que todo el dinero que se esté recaudando se lleve a una fiducia y no será en manos del departamento para que de la tranquilidad que el dinero no sea usado en cuestiones diferentes'.
