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Cinco años después de haber concluido su período de Gobierno (2012-2015) el exalcalde de Maicao Eurípides Pulido Rodríguez no logra desprenderse de las múltiples investigaciones, tanto penales, como disciplinarias y fiscales por su presunta participación en actos de corrupción.

Además del proceso por presuntas irregularidades en un contrato para el Plan de Alimentación Escolar (PAE) por el cual recientemente fue llamado a una audiencia de imputación penal en la que logró evitar una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario o su residencia, el exmandatario y dos de sus colaboradores, ahora están en la mira de la Procuraduría que los acaba de cobijar con un pliego de cargos por posibles fallas encontradas en un contrato para la construcción de una granja agropecuaria.

Según se dijo, en el contrato 017 de 2014 se encontraron posibles fallas que serían garrafales. La Procuraduría Regional Guajira cuestionó al exalcalde porque no habría advertido que los estudios previos del contrato, elaborados por el entonces director de Planeación Municipal, eran inviables, pues, el lugar donde se desarrollaría el proyecto carecía del recurso hídrico requerido para el funcionamiento de la granja.

Además del alcalde, las conductas cuestionadas son también las del exdirector del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Nelson Llanos Vega; y al interventor del contrato 017 Jorge Luis Fuentes Sallago.

La procuraduría en un comunicado público calificó provisionalmente la presunta conducta irregular de Pulido Rodríguez como constitutiva de falta gravísima cometida con culpa grave, por el posible incumplimiento de sus deberes y desconocimiento de los principios de economía y responsabilidad que rigen la actividad contractual.

Así mismo, reprochó al exjefe de Planeación Municipal por elaborar unos estudios previos que supuestamente no estaban acordes a las exigencias técnicas requeridas para la ejecución de la obra, presunta omisión que compromete su responsabilidad disciplinaria.

Censuró a Fuentes Sallago como interventor de la obra porque, supuestamente, en el informe final registró un avance del 100% de ejecución, sin que existiera acta de entrega final de obra por parte del contratista, ni recibo a entera satisfacción del municipio de Maicao, conducta que se catalogó provisionalmente como falta gravísima cometida con dolo.

Las conductas por las que están siendo investigados los tres funcionarios, podrían generar la destitución de sus cargos y además dejarles una inhabilidad que no podría ser inferior a los diez años, de acuerdo con los comentarios de abogados especializados en la materia, muy a pesar de que el contrato que es revisado apenas tenía un monto de $119 millones.