En el marco del programa de conservación de los flamencos rosados, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira instaló transmisores en dos de ellos para realizar seguimiento y evaluar la distribución, cambios en sus rutas de migración y el riesgo que corren con las redes eléctricas.
Esto en el marco de las actividades de monitoreo que se realizan para conocer su tiempo de permanencia en Colombia y sus rutas migratorias dentro y fuera del país.
'El seguimiento se hace en tiempo real utilizando tecnología de rastreo de fauna como son los de chip tipo Gsm, el cual envía la información de su ubicación al profesional encargado de su monitoreo, manteniendo así actualizada la ruta de migración', explicó el director de Corpoguajira Samuel Lanao.
Indicó que el dispositivo cuenta con batería recargable y podrá emitir datos hasta por dos años.
Los flamencos fueron liberados en el Distrito de Manejo Integrado Musichi con una activa participación de la comunidad de este corregimiento de Manaure.
'Esta área protegida tiene como objetivo principal garantizar el mantenimiento de las poblaciones de flamenco rosado así como también los espacios naturales que son utilizados por el contingente de aves migratorias procedentes del hemisferio norte que ocupan temporalmente su territorio', indicó Lanao.
Corpoguajira explica que Musichi, alberga valores bióticos y ecosistémicos de gran valor para el departamento de La Guajira, tales como bosques de mangles y matorrales subxerofíticos, característicos de esta parte del departamento, los cuales se encuentran deficientemente representados en el Sistema de Áreas Naturales Protegidas de Colombia.
Se constituye en hábitat para una importante población de flamencos rosados, especie calificada a nivel nacional bajo riesgo de extinción en la categoría vulnerable.
Los flamencos rosados son especies que con frecuencia sufren el flagelo del tráfico y tenencia ilegal, por ser una ave exótica es escogida por personas inescrupulosas como elemento decorativo para sus propiedades, una práctica tipificada en la normatividad colombiana como un delito contra los recursos naturales y el ambiente.
