Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exgobernador de La Guajira José María Ballesteros Valdivieso, por presuntas irregularidades de contratación del Plan de Alimentación Escolar (PAE) y el servicio de transporte para estudiantes.
La Fiscalía General de la Nación identificó un posible detrimento patrimonial por más de 13.200 millones de pesos. El exmandatario respondería por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso con peculado en favor de terceros.
Según informó el ente acusador, Ballesteros fue presentado ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá como parte de un nuevo proceso que se le sigue por estas presuntas irregularidades de contratación durante el periodo en el que estuvo en el cargo entre junio de 2014 y diciembre de 2015.
Posteriormente fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exmandatario los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso con peculado en favor de terceros
Se indicó que los hechos investigados están relacionados con supuestas anomalías detectadas en el trámite, celebración y liquidación de dos contratos.
Uno de los contratos fue para la ejecución del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento suscrito un contrato con el consorcio 'Nutriendo Escolares de La Guajira, el 19 de marzo de 2015. Este tenía por objeto el suministro de complementos en la mañana y almuerzos para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de los 15 municipios, durante 125 días.
A este contrato se le hizo una adición, con la que el valor total ascendió a $41.064'418.760.
'En todo el proceso se habrían presentado múltiples inconsistencias, entre estas, 11 supuestas deficiencias en los estudios técnicos y de precios que, al parecer, no sustentaban los costos, números de raciones previstas, instituciones y cantidad de alumnos beneficiados, entre otros aspectos', asegura la Fiscalía.
Añade que también se evidenció que no hubo consulta previa con los pueblos indígenas, ni se dispuso de condiciones y lugares adecuados para que los estudiantes tomaran sus alimentos, por lo que, en muchos casos, lo hicieron en las aulas, de pie, en el piso o al aire libre.
En la investigación se estableció que por cada complemento de la mañana se pagaron $1.759, cifra superior a la que estipuló el ministerio de Educación, que fue de $971, mientras que el almuerzo se pagó a $2.097, siendo $1.320 la del ministerio.
El otro contrato cuestionado por las autoridades fue suscrito el 6 de mayo de 2015 con la 'Unión Temporal Anas Watta Kai', y buscaba garantizar la prestación del servicio de transporte escolar para la población infantil de bajos recursos. Su valor ascendió a $9.310.604.160, con un plazo de ejecución de 88 días.
'Para la Fiscalía, en este proceso se habría descalificado a otro oferente que tenía la capacidad de cubrir el objeto del contrato y, mediante diferentes actuaciones, presuntamente se favoreció a la unión temporal. El material de prueba indica que, al parecer, tampoco hubo estudios previos de rigor sobre el número y tipo de vehículos necesarios, ni las instituciones o alumnos a cubrir', asegura el ente.
Dice que llamó la atención que para la prestación del servicio se incluyeron municipios fuera de la cobertura del departamento y del resorte de otras gobernaciones, como El Paso (Cesar), ubicado a 367 kilómetros de Riohacha, capital de La Guajira.
El exgobernador guajiro está condenado a 15 años de prisión por parte de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros y concusión, debido a irregularidades en la firma de un contrato suscrito en el 2014 por $17.584 millones para investigar en dengue en este departamento firmado con la Organización Latinoamericana para el Fortalecimiento de la Investigación en Salud Olfis.
