En una carta enviada al procurador general de la nación Fernando Carrillo, la veeduría a la implementación de la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que declaró el estado de cosas inconstitucional en la Guajira, se mostró en desacuerdo con el ofrecimiento del gobierno nacional de $800 mil millones para saldar la deuda histórica que tiene la nación con el departamento.
Cesar Arismendi, integrante de la veeduría, explica que se pudo constatar que Ana María Palaux, Consejera Presidencial para las Regiones y quien ejerce la Presidencia de la Comisión Intersectorial creada para coordinar el cumplimiento de la Sentencia, a nombre del gobierno nacional ha venido proponiendo en reuniones abiertas y cerradas con algunos miembros de las comunidades wayuu la implementación y socialización de un acuerdo por este valor.
Se afirma que esto es en aras de mitigar la muerte recurrente de niños menores de cinco años por causas asociadas a la desnutrición y con ello superar el estado de cosas inconstitucional declarada por la Corte Constitucional en el departamento.
'Después de seguir y analizar el conjunto de actividades convocadas por la Consejería Presidencial, es necesario y conveniente precisar y alertar que las mismas se encuentran por fuera del marco de la Sentencia, desconociéndose el octavo objetivo mínimo constitucional relacionado con el diálogo genuino con las comunidades', asegura Arismendi.
Indica que la Sentencia conmina a las entidades accionadas a estructurar con las comunidades una política pública a través de la cual, se deben lograr 8 objetivos mínimo constitucionales a nivel de corregimientos y comunidades con base en una amplia participación a través del diálogo genuino.
'Esto implica tener un claro conocimiento del territorio, las carencias de cada comunidad frente al agua, la seguridad alimentarita, la salud y la movilidad, para poder así determinar qué acciones se deben desarrollar y dónde (priorización de beneficiarios), y a la fecha no se tienen identificadas cuántas comunidades wayuu hay, cuántos miembros las conforman y dónde se localizan', indica la veeduría.
Aseguran que contrario a lo anterior, las acciones que promueve la Consejera Presidencial, se sustentan en una estrategia de representación y no de participación, ya que fueron seleccionados delegados para deliberar y decidir sobre los planes de inversión.
'En esa dinámica, la Consejería Presidencial para las Regiones, ha propuesto un proceso de consulta previa como un trámite 'express' en la construcción del Plan de Acción en el marco del mecanismo especial de seguimiento ordenado por la Sentencia', agregan los integrantes de la veeduría.
También dicen que desconocen cómo se llega a la cifra de $800 mil millones como aporte al pago de la deuda social histórica sin tener previamente identificadas y focalizadas las necesidades de las comunidades.
La veeduría de la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional la conforman el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP / Programa por la paz, la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, la Corporación de Apoyo a Comunidades Populares – CODACOP, la Defensa de Niñas y Niños Internacional – DNI, Omaira Orduz Rodríguez, experta independiente y la Fundación Caminos de Identidad – FUCAI.
