El acueducto de Camarones, que ha sido calificado por la Contraloría como un elefante blanco, podría ser operado por la empresa Asaa, que actualmente maneja el acueducto de Riohacha, para que por fin pueda brindar agua potable a los habitantes de ese corregimiento.
Inicialmente se realizó una inspección a la planta de tratamiento, para determinar diferentes aspectos relacionados con la puesta en funcionamiento de esta infraestructura.
Según el gerente de Asaa William García, esta visita obedece al acompañamiento que la empresa brinda a la Administración Distrital para solucionar la problemática el suministro de agua potable a Camarones, como un propósito importante del alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez.
'Este es un primer paso para tomar decisiones de fondo y entrar a operar el acueducto, atendiendo una solicitud formal del alcalde distrital, con lo que se contribuirá al desarrollo del corregimiento que hace rato espera una solución en materia de agua potable y saneamiento básico', afirmó.
Explicó que el equipo de producción de Asaa pondrá en funcionamiento la Planta de Tratamiento con un adecuado proceso de potabilización y se tomaron nuevas muestras que serán enviadas a laboratorios certificados por las autoridades competentes para conocer los resultados de la calidad del agua.
En esta visita estuvo el secretario de Infraestructura y Obras de Riohacha Keider Freyly y se contó con el acompañamiento del concejal Sandy Toro de las representantes de la Contraloría Delegada para La Guajira, Telcana Builes y Vanesa Daza.
El acueducto de Camarones fue inaugurado en 2014 con una inversión de $12.102 millones provenientes de recursos de regalías.
La Contraloría General de la República ha realizado tres auditorías a la obra del acueducto de Camarones, y en la más reciente afirmó que la infraestructura estaba 'abandonada e inoperante'.
Según el ente fiscal hubo fallas en la planeación, formulación, viabilización y aprobación del proyecto que pueden deducir una presunta irregularidad administrativa, disciplinaria, fiscal y penal, del orden de los $11.837 millones, equivalentes a la totalidad de los $10.858 millones pagados al contratista, y los $979 millones pagados al interventor.
