Después de un año en el que los procesos investigativos por presunta corrupción no se movieron, la Fiscalía General de la Nación informó sobre la judicialización de dos personas que estaban al frente de una IPS indígena, en la que se habrían apropiado de manera indebida de una suma cercana a los $3.000 millones que debían destinarse a la atención médica, entrega de mercados y suministro de agua potable a familias vulnerables de Manaure (La Guajira), con ocasión del fenómeno de El Niño en 2015, según reveló el ente investigador.
Los funcionarios afectados con la decisión de un juez de control de garantías son Julio César Castillo Velásquez, gerente financiero de la Institución Prestadora de Salud (IPS) Sol Wayuu, dedicada a la atención de la comunidad indígena; y Juan Carlos de la Cruz Ortiz, revisor fiscal y contador de la misma entidad. Ambos fueron procesados por presuntas irregularidades en contratación.
Eran dineros de las regalías
La Fiscalía encontró que el presunto fraude está relacionados con un contrato suscrito en junio de 2015 con la Alcaldía de Manaure, en el norte de La Guajira, cuyo valor ascendió a $8.000 millones y el plazo de ejecución se pactó en cinco meses para desarrollar una difícil tarea de penetrar a muchas comunidades a beneficiar a 2.000 familias, lo que significa que diariamente debían solucionar los problemas de no menos de 13 familias.
La Fiscalía sostiene que ese recurso hacía parte de los giros entregados por concepto de regalías al municipio de Manaure.
En el contrato que fue suscrito entre la IPS Sol Wayuu y el Gobierno de Manaure, se contempla que se trataba de la recuperación nutricional de cerca de 8.182 personas que hacen parte de las 2.000 familias establecidas en el acuerdo. Además de la alimentación, los beneficiarios deberían recibir servicios médicos con seguimiento durante los cinco meses, entrega de alimentos y hasta exámenes antropométricos y suministro de agua para poder enfrentar las enfermedades generadas los efectos de la sequía con el fenómeno de El Niño, que fue uno de los más devastadores de los últimos tiempos.
Habrían violado principios de contratación
Según lo expresado por la Fiscalía, el gerente Julio César Castillo Velázquez, quien ha estado postulado en dos ocasiones como candidato al Senado sin lograr ese propósito, y el otro procesado, Juan Carlos de La Cruz Ortiz, con su conducta, habrían desconocido los principios básicos de la contratación pública como son los de la planeación, la trasparencia y la economía. Dice la Fiscalía que 'al parecer, se apropiaron de 2.839 millones de pesos, que correspondían a dineros públicos. Adicionalmente, se conoció que la IPS, supuestamente, no tenía la idoneidad, ni la capacidad logística para ejecutar un contrato de esa magnitud'.
Indicaron los investigadores que con todos esos argumentos una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y cohecho por dar u ofrecer. Los procesados declinaron aceptar los cargos de la Fiscalía en la misma audiencia y apelaron la medida aplicada.
Giró, endosó y cobró millonario cheque
En las audiencias concentradas para legalizar las capturas, imputar delito y definir medida, la Fiscalía denunció que 'el gerente financiero de la IPS, habría girado, endosado y cobrado para sí mismo, cheques por valor de $3.000 millones, También indicó que subcontrataron con tres empresas la ejecución del 40% del proyecto, dijo además el ente investigador que $900 millones destinados a la compra de mercados no se utilizaron, algunas ayudas no se adquirieron y otros, que se compraron, presentarían sobrecostos de 50%. El agua potable no fue entregada en botellones o envases plásticos, sino que se hizo en carrotanques y de los 8.000 beneficiados definidos hay registro de atención a 1.621 personas en la fase uno del proyecto'
Un municipio golpeado por el hambre
Manaure es quizás el municipio de La Guajira que le viene aportando el mayor número de niños muertos por desnutrición y enfermedades asociadas a esta situación. Según lo que revela el Boletín Epidemiológico número 53 de 2020, Manaure produjo una alarmante tasa de mortalidad en menores de cinco años, Señala el informe oficial que fueron 37,4 niños muertos por cada 100.000 habitantes, lo que significa que duplica por siete veces la media nacional de mortalidad que está en el orden de 5,4 por cada 100.000 habitantes y, sin embargo, se presentan situaciones casi incomprensibles en las que se estaría dando mal destino a los recursos para terminar con los males.
